Sentencia N° 415 — Sala de Casación Penal del TSJ, 14 de agosto de 2002

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico confirmó el fallo del Tribunal Cuarto de Control que decretó el sobreseimiento de la causa por el delito de estafa, al considerar que no se realizó el hecho objeto del proceso. La ciudadana Rosa Isidra Ortega, como víctima, interpuso un recurso de casación que fue declarado inadmisible por la Sala de Casación Penal del TSJ, argumentando que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, salvo en casos reservados a la parte agraviada.

Por consiguiente, la norma señalada (artículo 325) referente a la procedencia del recurso de casación contra el sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria, no es aplicable en el presente caso, por contrariar preceptos de jerarquía constitucional. El artículo 19 de la Constitución establece el control jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. Estos deberán abstenerse de aplicar normas que coliden con la Constitución y la norma referente a la procedencia del recurso de casación contra las decisiones de sobreseimiento, como acto conclusivo de la investigación, no podrán conducir a la declaratoria de procedencia de la acusación fiscal, por cuanto el ejercicio de esta acción es de su exclusiva competencia (artículo 285, numeral 4 de la Constitución). A mayor abundamiento, considera la Sala procedente señalar que si bien los principios de la tutela judicial efectiva de jerarquía constitucional (artículo 49, entre otros) responde, a la garantía de acceso al procedimiento, el cual no puede hacerse a ultranza y, en nuestra legislación, corresponde al Ministerio Público, como se dejo dicho, ejercer o no la acción penal, a excepción de los casos, también señalados, sin que, en ningún caso pueda ser compelido a ello, como ocurría en nuestra vieja legislación inquisitiva. Por otra parte, el recurso de casación no tiene vocación meramente teórica o formal sino práctica y utilitaria. En consecuencia, no sería de ninguna utilidad una sentencia de casación que tratara de imponer al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Se trataría de una casación inútil que, por lo demás, no es deseable propiciar.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, desestima, por inadmisible, el recurso de casación propuesto por la ciudadana Rosa Isidra Ortega.