Sentencia N° 40 — Sala de Casación Penal del TSJ, 20 de febrero de 2017

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto por la defensa de Óscar Gregorio Martínez Guayamare, quien fue condenado a 14 años de prisión por robo agravado y agavillamiento. La decisión de la Corte de Apelaciones que confirmó la sentencia fue considerada por la Sala como válida, ya que el recurso no cumplió con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. La Sala argumenta que la defensa no fundamentó adecuadamente su denuncia de violación de la ley, lo que llevó a la inadmisibilidad del recurso.

El procedimiento del recurso de casación tiene un carácter especialísimo, lo que hace más restrictivo la obligatoriedad de algunos requisitos en acciones de esta naturaleza, por lo tanto, sólo podrá fundarse en violaciones de ley contra la sentencia de la Corte de Apelaciones y mediante indicación en forma precisa y separada de cada motivo, de sus argumentos de hecho y de derecho expresando la solución que se pretende. Esta Sala de Casación Penal constata que el presente recurso no cumple con las exigencias establecidas en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que lo procedente y ajustado a Derecho es desestimar por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto por la abogada Edita Frontado Jiménez, en su carácter de defensora privada del acusado Óscar Gregorio Martínez Guayamare.

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por la abogada Edita Frontado Jiménez, en su carácter de defensora privada del ciudadano ÓSCAR GREGORIO MARTÍNEZ GUAYAMARE, contra la decisión dictada, el 14 de octubre de 2016, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 454 y 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.