Sentencia N° 394 — Sala de Casación Penal del TSJ, 21 de junio de 2005

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, dictó una decisión en relación a la solicitud de extradición del ciudadano Fernando Romeo Lucas García, solicitado por el Gobierno del Reino de España por delitos graves. La Sala constató que no se había recibido la documentación judicial necesaria para tramitar la solicitud de extradición, lo que llevó a la decisión de otorgar la libertad inmediata del demandado, aunque se dejó abierta la posibilidad de privarlo de libertad nuevamente si se recibía la documentación requerida en el futuro. La decisión se fundamentó en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece las condiciones para la aprehensión en casos de extradición.

El artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “...Medida Cautelar. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel y remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos...”. De acuerdo con la disposición transcrita y haciendo una revisión de las actas en el presente caso, observamos que, a la fecha se encuentra evidentemente vencido el lapso de 60 días continuos, a que hace alusión dicho artículo, sin que se produjera la documentación requerida para la tramitación del procedimiento de extradición.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley OTORGA LA LIBERTAD al ciudadano FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA, quien se encuentra bajo apostamiento policial en su residencia, el cual quedará eliminado en consecuencia. Notifíquese la presente decisión al Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se ordena remitir copia certificada de la misma. Publíquese, regístrese y cúmplase. Ofíciese lo conducente.