Sentencia N° 391 Casación Penal TSJ 2000: Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público vs Argenis Enrique Valbuena

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, revisó un recurso de casación interpuesto por el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público contra la absolución de Argenis Enrique Valbuena por los delitos de robo a mano armada y porte ilícito de arma. La Sala determinó que el fallo recurrido carecía de motivación adecuada, ya que no expresaba con claridad las razones de hecho y de derecho que justificaban la absolución del acusado, lo que infringía el artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado.

Esta Sala ha sostenido reiteradamente que para llegar a una sentencia absolutoria el juez debe valorar todos y cada uno de los elementos probatorios, para así poner de relieve la imposibilidad de condenar; es decir, precisar las razones de hecho y de Derecho que justifican la absolución del acusado. Ha establecido igualmente la Sala, que para sentenciar conforme al resultado que suministre el proceso, es necesario que se expresen las razones de hecho y las de Derecho en las que se funda el fallo, y esto no se cumple si los hechos no se analizan o se hace un análisis parcial de ellos. En el presente caso la Sala observa, que el sentenciador omitió el análisis y la comparación de las pruebas, cuya relevancia fue puesta de manifiesto por el Fiscal, las cuales guardan relación con el hecho debatido pues se refieren a la forma como sucedieron los hechos; el fallo carece de motivación al no expresar con claridad las razones de hecho y de Derecho que le sirvieron de fundamento para absolver a Argenis Enrique Valbuena, de los cargos que le fueran formulado por la comisión de los delitos de robo a mano armada y porte ilícito de armas.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de forma formalizado por el Fiscal Tercero del Ministerio Público ante las Salas de Casación, anula el fallo impugnado y ordena remitir el expediente a la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que dicte nueva sentencia, prescindiendo de los vicios que han dado lugar a la nulidad del fallo conforme al ordinal 1° del artículo 510 en relación al 512, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.