Sentencia N° 386 Casación Penal TSJ 2000 — Condenas en la Corte Marcial

La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, desestima el recurso de casación interpuesto por los defensores de Hugo Miquelena Solórzano, Víctor José García Osorio y Nelson Arturo Molina León, al considerar que los mismos son manifiestamente infundados. La Sala argumenta que los recurrentes no fundamentaron adecuadamente sus denuncias en el Código Orgánico de Justicia Militar, a pesar de que la sentencia fue dictada por la Corte Marcial el 27 de agosto de 1999, posterior a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.

La Sala, ha constatado que el presente escrito de fundamentación debe ser desestimado, en cuanto que, al fundamentar sus denuncias los Defensores Definitivos de Víctor José García Osorio, no se apoyan en el Código Orgánico de Justicia Militar, a pesar de que la sentencia fue dictada por la Corte Marcial el 27 de agosto de 1999, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal; habida cuenta que, las normas establecidas en el artículo 536 del ya nombrado Código Orgánico Procesal Penal tienen carácter supletorio con relación al Código Orgánico de Justicia Militar. Considera la Sala que el escrito de fundamentación debe desestimarse, en atención a lo preceptuado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser el mismo manifiestamente infundado. En atención a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución y no obstante el incumplimiento de las formalidades exigidas para la interposición del recurso de casación, esta Sala ha revisado el fallo impugnado y lo estima ajustado a Derecho y así lo hace constar.

DESESTIMA el recurso de casación interpuesto por los Defensores Definitivos de HUGO MIQUELENA SOLÓRZANO, VÍCTOR JOSÉ GARCÍA OSORIO, NELSON ARTURO MOLINA LEÓN, por resultar los mismos manifiestamente infundados, no sólo por la falta de técnica en sus fundamentaciones sino porque la misma resulta confusa e imprecisa haciendo imposible a ésta Sala determinar la veracidad de las denuncias; remítase el expediente a la Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.