Sentencia N° 377 — Sala de Casación Penal del TSJ, 24 de noviembre de 2022

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la solicitud de extradición pasiva del ciudadano JAIRO FERNANDO LÓPEZ BEDOYA, requerido por el Reino de España por delitos relacionados con el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La decisión se fundamenta en el principio de no entrega de nacionales, ya que el demandado posee nacionalidad venezolana adquirida. Se establece que el ciudadano será juzgado en Venezuela por los delitos imputados, garantizando sus derechos constitucionales y procesales.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Código Penal; artículos 382 y 390, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; al igual que en el Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, suscrito en Caracas, el 4 de enero de 1989, ratificado por el Ejecutivo Nacional en fecha 25 de abril de 1990, publicado en Gaceta Oficial N° 34.476, del 28 de mayo de 1990, cuya entrada en vigor fue el 26 de abril de 1990, pasa a decidir sobre la procedencia o no de la EXTRADICIÓN PASIVA, del ciudadano JAIRO FERNANDO LÓPEZ BEDOYA, requerido a nuestro país por el Reino de España, bajo los siguientes fundamentos de ley: El artículo 6 del Código Penal, establece lo siguiente: “La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas. No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua.”. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, el procedimiento de extradición “...se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título…”. El artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal establece el procedimiento que ha de seguirse, una vez recibida la documentación necesaria, en los términos siguientes: “Procedimiento. Artículo 390. Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.

Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de extradición pasiva del ciudadano JAIRO FERNANDO LÓPEZ BEDOYA de nacionalidad venezolana por naturalización, identificado en el expediente como titular de la cédula de identidad número 25.834.228, requerido por el Reino de España. El Estado venezolano asume el compromiso de juzgar al ciudadano en Venezuela por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.