Sentencia N° 362 — Sala de Casación Penal del TSJ, 14 de junio de 2005

La sentencia se origina de un juicio por robo agravado y porte ilícito de arma de fuego, donde el acusado fue condenado a nueve años de presidio. La Corte de Apelaciones confirmó el fallo del tribunal de juicio, lo que llevó a la defensa a interponer un recurso de casación. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia revisó el caso y determinó que no hubo vicios que justificaran la nulidad de la decisión anterior, desestimando el recurso de casación por infundado.

La Sala, para decidir, observa: En la introducción del recurso de casación la recurrente señaló que la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio de inmotivación. Sin embargo, cuando expuso sus alegatos se refirió a supuestos vicios cometidos por el tribunal de instancia, lo cual no es cónsono con el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, que estipula cuáles son los fallos recurribles en casación. En la segunda denuncia se refirió a la infracción del único aparte del artículo 24 de la Constitución. En cuanto a ese aspecto la Sala Penal ha establecido con insistencia que en casación no pueden ser denunciados aisladamente los principios y garantías constitucionales, porque ellos sólo contienen formulaciones abstractas y generales que la ley indica al juez para el íntegro cumplimiento de su función decisoria y, así, la denuncia de éstas debe ser adminiculada con la disposición concreta que el juzgador supuestamente infringió. Por consiguiente y en atención a lo expuesto se debe declarar el recurso de casación desestimado por manifiestamente infundado según lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Defensa del ciudadano acusado YULBERT WLADIMIR MELÉNDEZ, contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2004 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa.