Sentencia N° 336 — Sala de Casación Penal del TSJ, 22 de mayo de 2015

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia admitió la tercera denuncia del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Guárico. La Corte había declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, que buscaba la modificación de la pena impuesta a la acusada Marcela Maikelin Ávila Herrera por el delito de sustracción y retención de niños. La Sala desestimó las primeras dos denuncias del recurso, considerándolas infundadas, y convocó a las partes a una audiencia oral y pública para continuar con el proceso.

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y al efecto observa: El artículo 266 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: “(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”. Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29 numeral 2 de la referida ley especial, establece: “(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes: PRIMERO: ADMITE la tercera denuncia del recurso de casación interpuesto por los ciudadanos abogados Dilcio Cordero León y Edgar A. Cisneros Z., Fiscales Septuagésimo Noveno, titular y auxiliar, respectivamente, del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en el proceso penal seguido en contra de la ciudadana acusada MARCELA MAIKELYN ÁVILA DE PÉREZ, por la comisión de los delitos de SUSTRACCIÓN Y RETENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES, tipificado en el artículo 272 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; ciudadanas acusadas VIRGINIA DEL CARMEN HERRERA, JAMILET MARÍA MORALES AGUILAR y MARÍA THAIDI INFANTE FELIPINO, por la comisión de los delitos de TRATA DE PERSONAS MEDIANTE RAPTO CON FINES DE ADOPCIÓN IRREGULAR, tipificado en el artículo 41 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con los artículos 83 y 84 numeral 3 del Código Penal, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el ciudadano acusado ELY CARRILLO JARAMILLO, por la comisión de los delitos de TRATA DE PERSONAS MEDIANTE RAPTO CON FINES DE ADOPCIÓN IRREGULAR, tipificado en el artículo 41 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con los artículos 83 y 84 numeral 3 del Código Penal, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en consecuencia, CONVOCA a las partes a una AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.