Sentencia N° 323 — Sala de Casación Penal del TSJ, 4 de agosto de 2010

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano Gonzalo José Tirado Yépez, quien es requerido por la justicia venezolana por la presunta comisión de delitos de Asociación para Delinquir, Legitimación de Capitales y Apropiación de Recursos. La decisión se fundamenta en la existencia de órdenes de aprehensión y en la ubicación del solicitado en el extranjero, específicamente en los Estados Unidos de América, donde tramita asilo político. La Sala considera que se cumplen los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para la extradición activa.

La extradición se rige por las normas de este Título, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en un país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de la extradición activa. A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. En el presente caso, se cumplen con las exigencias formales para el procedimiento de Extradición Activa de los ciudadanos GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ, JOSÉ JOAQUÍN NUÑEZ MARTÍNEZ y EDGAR JAVIER MONSERRAT ÁLVAREZ.

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ, venezolano y portador de la cédula de identidad V- 10.331.771, al Gobierno de los Estados Unidos de América. En consecuencia, se ordena remitir al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, una copia certificada de esta decisión.