Sentencia N° 304 Casación Penal TSJ 2001: Francia Coello González vs José Antonio García Herrera — Recurso interpuesto por el…

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, revisó el recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública de Presos, Francia Coello González, en representación del imputado José Antonio García Herrera, quien fue condenado por robo agravado. La Sala desestimó el recurso por considerarlo manifiestamente infundado, argumentando que los alegatos no tenían relación con la aplicación de las normas citadas. Además, se constató que el fallo impugnado no vulneró los derechos del imputado ni presentó vicios que justificaran la nulidad.

Una vez analizada esta primera denuncia del recurso de casación presentada por la Defensora recurrente, esta Sala nota que se encuentra manifiestamente infundado porque los alegatos expuestos para fundamentarla no tienen relación con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal y que considera erróneamente aplicado. La Defensora señaló que en la sentencia no se explica cómo se llegó a la conclusión de que su defendido es culpable, que no están expresadas las razones de hecho y Derecho, que las declaraciones de los testigos JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ y EVA YUSMARY VILLAROEL son contradictorias y además de ser personas que tienen interés en que su defendido sea condenado, por tratarse de la esposa y el compadre del agraviado, que la juez no estableció el valor jurídico dado a la prueba de reconocimiento en rueda de individuos, que su defendido fue condenado por el delito de ROBO AGRAVADO sólo por las declaraciones del agraviado y los testigos, ya que al momento de su detención no portaba ningún tipo de arma; también adujo que el juzgador estaba en la obligación de valorar todos los elementos de convicción como un todo. El artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, expresa: “Las pruebas se apreciarán por el tribunal según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia”. Éstas son disposiciones que implican que los tribunales (unipersonales, con escabinos o con jurado) podrán valorar las pruebas según su leal saber y entender, y deberán tomar en cuenta las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, es decir, sin reglas de valoración establecidas en la ley (prueba tarifada). La recurrente no explica cómo la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda infringió esa disposición.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Defensora del imputado ciudadano JOSÉ ANTONIO GARCÍA HERRERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, el 21 de septiembre del año 2000. Publíquese, regístrese y remítase el expediente.