Sentencia N° 30 — Sala de Casación Penal del TSJ, 23 de febrero de 2018

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de extradición del ciudadano Jonathan Avilés Torres, requerido por el Gobierno de la República del Perú por la presunta comisión del delito de violación sexual. Se determinó que, tras el vencimiento del término perentorio de sesenta días para la presentación de la solicitud formal de extradición, el Gobierno peruano no cumplió con este requisito, lo que llevó a la Sala a acordar la libertad del ciudadano. Además, se ordenó notificar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para que determine la situación del ciudadano en el territorio venezolano.

Ello así, se observa que el trámite del procedimiento de extradición de una persona requerida por otro Estado, exige que una vez que los órganos policiales ubiquen y aprehendan a la persona solicitada en extradición, deben notificar inmediatamente al Ministerio Público, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la aprehensión, presente a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del lugar donde se practicó la detención. Posteriormente, el Juzgado de Control, celebrará la audiencia para oír al aprehendido y ordenará la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

PRIMERO: acuerda NOTIFICAR al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a los fines de que determine la apertura del procedimiento administrativo a que hubiere lugar, en contra del ciudadano JONATHAN AVILÉS TORRES, identificado en el expediente con el documento de identidad peruano número 44608727, y con el pasaporte número C370021. SEGUNDO: ORDENA colocar al ciudadano JONATHAN AVILÉS TORRES, a la orden de la referida dependencia, en calidad de detenido, por ser este el órgano administrativo competente para determinar la condición y situación del referido ciudadano en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.