Sentencia N° 3 Casación Penal TSJ 2000 — Casación en el caso de distribución de sustancias…

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Defensora Primera a favor de los procesados HENRY RAMÓN MARTÍNEZ DÍAZ y CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, anulando el fallo impugnado. Se ordena la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia, considerando los vicios que dieron lugar a la casación. La decisión se fundamenta en la inmotivación del fallo recurrido, donde se realizó un análisis parcial de la declaración del testigo, lo que afectó la valoración de la culpabilidad de los procesados.

La Sala, para decidir, observa: Tomando en cuenta que la sentencia impugnada fue dictada bajo la vigencia de las normas procesales de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hoy derogadas, esta Sala pasa a determinar si en esa sentencia se cumplieron los requisitos de motivación establecidos en las disposiciones adjetivas aplicables para ese momento. Del examen de la presente denuncia y del contenido de la sentencia recurrida, se evidencia que la razón asiste a la recurrente cuando denuncia que el sentenciador incurrió en inmotivación al realizar un análisis parcial de la declaración del testigo José Humberto García Rico, quien expresó en su declaración: "... me revisaron también a mí y no me encontraron nada y a los dos señores que estaban junto a Eduardo, los revisaron, pero esa revisión no la observé bien...". Hubo inmotivación porque en la parte que la recurrida tituló "CULPABILIDAD", el juzgador señaló como comprobada la culpabilidad de los procesados HENRY RAMÓN MARTÍNEZ DÍAZ, CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y EDUARDO JOSÉ LÓPEZ OLIVO sobre la base de la declaración rendida por el ciudadano José Humberto García Rico, e hizo tal señalamiento de la manera siguiente: “Las razones anteriormente expuestas permiten estimar la declaración rendida por JOSÉ HUMBERTO GARCÍA RICO como idónea, conforme a lo pautado en el artículo 145, numeral 2º, de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, para comprobar la culpabilidad de los procesados MARTÍNEZ DÍAZ HENRY RAMÓN, CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y LÓPEZ OLIVO EDUARDO JOSÉ, en la comisión del delito que anteriormente se dio por comprobado, ya que de la misma se evidencia que dicho testigo presenció el procedimiento practicado por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en el cual a los procesados de autos les incautaron sustancias estupefacientes y psicotrópicas que distribuían a los adictos del sector”. Es evidente que la declaración del ciudadano José Humberto García Rico es una prueba relevante del proceso puesto que es el único testigo presencial; y se ha indicado en jurisprudencia reiterada que el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar a los procesados, pues sólo constituye un indicio de culpabilidad. El juzgador, en la recurrida, citó el testimonio ya señalado; pero el único comentario que hizo de tal testimonio, es que el testigo presenció “todo” el procedimiento practicado por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en que a los indiciados de autos les incautaron substancias estupefacientes y psicotrópicas que distribuían a los adictos del sector; sin tomar en cuenta que en su declaración el testigo señaló que no observó bien el decomiso de la droga efectuado a dos de los indiciados, lo cual evidencia el análisis parcial que la recurrida hizo de la declaración mencionada; tampoco expresó por qué esta afirmación incide como elemento probatorio determinante de la culpabilidad de los enjuiciados, ni las razones por las cuales consideró demostrada la responsabilidad de éstos, por lo que la recurrida no estableció cabalmente los hechos que demuestran la participación de los procesados en la comisión del delito de distribución de substancias estupefacientes y psicotrópicas.

En virtud de la consideraciones anteriores, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Defensora Primera ante este Tribunal Supremo de Justicia y a favor de los procesados HENRY RAMÓN MARTÍNEZ DÍAZ y CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, anula el fallo impugnado y ordena la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que dicte nueva sentencia, prescindiendo de los vicios que dieron lugar a la casación del fallo y en los que habrá de tomar en consideración los términos expuestos "ut-supra".