Sentencia N° 29 Casación Penal TSJ 2001: Migbert RON Beltrán vs Miguel Antonio Quintero Pérez — Inadmisibilidad de recurso de…

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda había confirmado la condena de Miguel Antonio Quintero Pérez por los delitos de robo a mano armada y porte ilícito de arma de fuego. La Defensora Pública interpuso un recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por extemporáneo, ya que se comprobó que el recurso fue presentado fuera del plazo legal establecido. La Sala de Casación Penal revisó el caso y determinó que no hubo vulneración de derechos del imputado.

El artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla los requisitos de modo, forma y tiempo en que debe ser presentado el recurso de casación: mediante un escrito fundado, ante la Corte de Apelaciones o ante el juez presidente del tribunal con jurados que dictó la sentencia y dentro de un plazo de quince días después de notificada la decisión. Ahora bien: al examinar el recurso de casación interpuesto por la Defensora recurrente, la Sala de Casación Penal ha encontrado que en el folio 190 del expediente aparece un auto dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en el que la Secretaria realizó el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 29 de septiembre del año 2000, fecha en que fueron notificados (tanto el imputado como su Defensora) de la sentencia dictada por ese tribunal hasta el 25 de octubre del año 2000 (fecha en que fue interpuesto el recurso de casación) y certificó que transcurrieron diecisiete días hábiles. Esto, en criterio de esta Sala de Casación Penal, evidencia un ejercicio extemporáneo del derecho a recurrir. De lo anterior se colige que el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda el 27 de junio del año 2000, debe ser declarado inadmisible y de acuerdo con lo previsto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Este Tribunal Supremo de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha revisado el fallo impugnado para saber si se vulneraron los derechos del imputado o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio en provecho del reo y en aras de la justicia: se observó que el imputado fue detenido “in fraganti” y fue reconocido al instante por su víctima. Además, en la audiencia de calificación de la flagrancia, encontrándose el imputado representado por su Defensora, aceptó que le había quitado a la víctima sus pertenencias. Por ello la Sala de Casación Penal considera ese fallo ajustado a Derecho y así lo hace constar.