Sentencia N° 288 — Sala de Casación Penal del TSJ, 22 de junio de 2006

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de avocamiento presentada por el ciudadano Rafael Randolfo Rodríguez Arteaga, quien fue imputado por homicidio culposo. La Sala encontró graves irregularidades en la fase de investigación que vulneraron el derecho a la defensa del solicitante, ya que no se le permitió designar un abogado antes de ser imputado formalmente. La Sala determinó que el acto de imputación no se realizó conforme a las garantías procesales establecidas en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal.

La Sala, para decidir, observa: Realizada la revisión del expediente y el recuento de las actuaciones inherentes a la presente solicitud de avocamiento observa la Sala graves irregularidades cometidas en la fase de investigación del procedimiento, irregularidades que menoscabaron el derecho a la defensa del solicitante del avocamiento, ciudadano RAFAEL RANDOLFO RODRÍGUEZ ARTEAGA, en la definitoria fase inicial del proceso y que se han mantenido hasta ahora. Si bien es cierto que en el procedimiento especial del avocamiento no es aplicable el efecto extensivo previsto en el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que al ciudadano JOSÉ GREGORIO SUÁREZ se le violaron los derechos a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por tal motivo la Sala se pronunciará al respecto.

1) SE AVOCA al conocimiento de la causa seguida a los ciudadanos RAFAEL RANDOLFO RODRÍGUEZ ARTEAGA y JOSÉ GREGORIO SUÁREZ, por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo. 2) ANULA la acusación presentada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y la imputación hecha por el Ministerio Público contra los ciudadanos RAFAEL RANDOLFO RODRÍGUEZ ARTEAGA y JOSÉ GREGORIO SUÁREZ. 3) ORDENA la reposición del proceso a la fase de investigación y la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Novena del Ministerio Público, a fin de celebrar el acto de imputación y recibir la declaración de los mencionados ciudadanos en calidad de imputados.