Sentencia N° 271 — Sala de Casación Penal del TSJ, 5 de junio de 2007

La Sala de Casación Penal se pronunció sobre la representación del Ministerio Público en causas de jurisdicción penal militar, considerando que la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público no excluye la participación de los fiscales ante el Tribunal Supremo de Justicia. Se argumentó que el Fiscal General Militar no tiene atribuciones para representar al Ministerio Público en este ámbito, y se reafirmó que la dirección del Ministerio Público corresponde al Fiscal General de la República.

En este sentido, el artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra lo siguiente: '… El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley (…) Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal o la Fiscal General de la República será designado o designada para un período de siete años…'. (Subrayado de la Sala). Así mismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 6 prevé que: '…El Ministerio Público es único e indivisible. Estará a cargo y conducción del Fiscal o la Fiscal General de la República o del que haga sus veces, quien ejercerá sus atribuciones de manera directa o a través de los funcionarios o funcionarias debidamente facultados o facultadas mediante delegación…'. (Subrayado de la Sala).

Por las consideraciones antes expuestas, se resuelve que deberá asistir a la audiencia pública de la presente causa, convocada de conformidad con el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, con ocasión del recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado José Florencio Campos Alvarado, defensor de las ciudadanas ANA MARIELA ROA URBINA y SANDRA YAMILET TIRIA, la representante del Ministerio Público designada por el Fiscal General de la República, con competencia para actuar ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con los artículos 25 (numeral 3) y 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo para este caso, la ciudadana abogada Mónica Andrea Rodríguez Flores.