Sentencia N° 25 Casación Penal TSJ 2001 — Reconsideración de extradición

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, resolvió sobre la solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto a la negativa de extradición de dos ciudadanos. La Sala reafirmó que los medios de convicción presentados no eran suficientes para satisfacer las exigencias legales requeridas para la extradición, destacando que la prueba para dictar una medida de privación de libertad debe ser rigurosa. Además, se mencionó que la decisión de negar la extradición no puede ser modificada, aunque el Estado requirente puede presentar nuevamente la solicitud con pruebas adecuadas.

Efectivamente, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, por sentencia de fecha 20 de julio de 2000, negó la solicitud de extradición referida, por considerar que los medios de convicción judicial, aportados por el país requirente, no eran suficientes para la entrega de los solicitados. En consecuencia, estimó la Sala, que la declaración de un Agente Especial de la DEA, la acusación de los extraditables y la orden inmotivada de arresto, dictada por un Tribunal de Distrito del Estado de Florida, no constituían elementos suficientes a tal efecto. Cuando se trata de una solicitud de extradición para procesar, como es el caso en cuestión, los requerimientos de convicción judicial se tornan mas exigentes que cuando se trata de una solicitud tendiente a la ejecución de una condena. En éste último supuesto la simple presentación del documento público (sentencia), sería suficiente para acordar la entrega. En este sentido es claro el contexto del artículo I del Tratado Bilateral de Extradición, invocado en la propia solicitud de rectificación: La entrega del extraditable “tendrá lugar únicamente en virtud de las pruebas de culpabilidad que, según la legislación del país en que el refugiado o acusado se encuentre, justificaría su detención y enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiese cometido ahí”. De acuerdo con el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal venezolano, vigente para la fecha de la referida solicitud (19-01-99), para la detención preventiva de una persona se requería, entre otros requisitos, la prueba del hecho punible y la existencia de indicios fundados de la culpabilidad contra el investigado. La exigencia probatoria en nuestra legislación anterior, en el sentido descrito, era exigente al extremo de equiparar la prueba para dictar tal medida de privación de libertad con la exigida para dictar el fallo definitivo (artículo 43 ejusdem). En criterio de esta Sala, los medios de convicción presentados a los efectos de la extradición pasiva que nos ocupa, resultaron, para aquel momento, insuficientes para satisfacer las exigencias señaladas en la legislación interna.

Queda en estos términos resuelta la solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Remítanse copias certificadas de la misma al ciudadano Vice Ministro de Seguridad Jurídica a los fines consiguientes. Hágase la compulsa pertinente y líbrese oficio. Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado.