Sentencia N° 244 — Sala de Casación Penal del TSJ, 28 de abril de 2008

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por el abogado Henry O. Sánchez M., defensor del ciudadano Fabio Segundo Berrios Romero, quien había sido condenado por homicidio calificado y porte ilícito de arma de fuego. La decisión se fundamentó en la correcta motivación de la sentencia de la Corte de Apelaciones, que había analizado y valorado adecuadamente las pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo las declaraciones de los funcionarios de la Guardia Nacional y las experticias balísticas. La Sala concluyó que no existía falta de motivación ni violación de derechos procesales en la decisión recurrida.

La motivación de una sentencia radica especialmente, en manifestar la razón jurídica en virtud de la cual el juzgador acoge una determinada decisión, discriminando el contenido de cada una de las pruebas. Analizándolas, comparándolas y relacionándolas con todos los elementos existentes en el expediente. Y por último, valorar éstas, conforme al sistema de la sana crítica (artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal), observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Esta labor tal y como quedó descrita en el párrafo anterior, le corresponde a los jueces de juicio, pues son ellos los que presencian el debate y según los principios de inmediación y contradicción, es esta instancia la que determina los hechos en el proceso. Las Cortes de Apelaciones en su labor de motivación deben descartar cualquier posible apreciación arbitraria que de las pruebas haya hecho el sentenciador de Primera Instancia.

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado HENRY O. SÁNCHEZ M., Defensor del ciudadano acusado FABIO SEGUNDO BERRIOS ROMERO, contra la sentencia dictada el 1° de octubre de 2007 por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.