Sentencia N° 24 — Sala de Casación Penal del TSJ, 6 de febrero de 2007

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado Carlos Alberto La Cruz Alastre, defensor de Víctor Ramón Marín Lugo, quien había sido condenado a veintitrés años de presidio por homicidio calificado. La Corte de Apelaciones había confirmado la sentencia del Tribunal de Juicio, y el recurrente alegó inmotivación, contradicción e ilogicidad en la motivación de la sentencia. Sin embargo, el TSJ concluyó que el recurso no cumplía con los requisitos formales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

El recurrente no le dio cumplimiento a los requisitos de los artículos transcritos por las razones siguientes: En la primera de sus denuncias alega la “inmotivación del fallo”, en la segunda, la “contradicción en la motivación” y en la tercera, la “ilogicidad (sic) de la sentencia”, pero refiriéndose siempre en relación con la motivación de la sentencia, a la decisión del Juzgado de Juicio y no como manda el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual hace recurrible en casación sólo las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Así mismo, entremezcló alegatos, y cuando quiso hacer referencia a supuestas violaciones cometidas por la Corte de Apelaciones, específicamente en su segunda denuncia y referida a una supuesta “falta de aplicación” de una norma, no mencionó a qué disposición normativa se estaba refiriendo. De igual manera, cuando impugnó la decisión de la Corte de Apelaciones, lo hizo sólo por el hecho de no haber declarado, según era su pretensión, la nulidad del fallo del Tribunal de Juicio sobre la base del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado CARLOS ALBERTO LA CRUZ ALASTRE, contra el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, el 9 de agosto de 2006.