Sentencia N° 239 — Sala de Casación Penal del TSJ, 22 de abril de 2008

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una solicitud de avocamiento presentada por el abogado Carlos Enrique Macero Núñez en representación de Deimar Eulises Bautista Zambrano y Carlos Alcides Páez Balza. La solicitud se refería a la improcedencia de una acción de amparo constitucional dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta. La Sala determinó que el avocamiento es una figura excepcional que solo procede en casos graves o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico.

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el avocamiento procederá sólo en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudique ostensiblemente, la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido. El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en todas sus Salas, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo, a cualquier tribunal independientemente de su jerarquía y especialidad y una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal. Esta excepcionalidad no puede convertirse en la regla y pretenderse el avocamiento ante cualquier violación del ordenamiento jurídico que pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente.

Por todas las razones antes expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado CARLOS ENRIQUE MACERO NUÑEZ, en representación de los ciudadanos DEIMAR EULISES BAUTISTA ZAMBRANO y CARLOS ALCIDES PÁEZ BALZA.