Sentencia N° 206 — Sala de Casación Penal del TSJ, 3 de junio de 2003

La Sala de Casación Penal se pronunció sobre la solicitud de avocamiento presentada por los defensores de varios funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes argumentaron la falta de competencia territorial de la Corte de Apelaciones del Estado Aragua. La Sala consideró que la solicitud de avocamiento era procedente, dado que se vulneraban derechos fundamentales de los imputados, como el derecho al juez natural y el debido proceso. Se determinó que los hechos estaban vinculados a los ocurridos en el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, lo que justificaba la intervención de la Sala de Casación Penal.

La Sala de Casación Penal, en lo que respecta al avocamiento en general, el 23 de julio de 2002 estableció: “...Visto desde otra perspectiva, el avocamiento, según jurisprudencia reiterada (11 de mayo del año 2000 y 20 de febrero de 2001, ambas de la Sala Político-Administrativa), tiene dos fases: 1) Se inicia con la solicitud de avocamiento y ya habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos de procedencia, se ordena la remisión del expediente que curse ante otro tribunal e “ipso facto” implica esto la orden de paralizar cualquier actuación, tanto del juez como de las partes. (Desde luego y a juicio de la Sala Penal, tal paralización debe comprender también la eventual ejecutoria de otro juez que pudiera estar conociendo de forma momentánea, como por ejemplo en caso de alguna apelación ya intentada). 2) Se inicia con el hecho de avocarse propiamente al conocimiento de la causa”.

Por lo expuesto, se declara con lugar la solicitud de avocamiento presentada por los defensores de los ciudadanos funcionarios de la Policía Metropolitana, y se ordena la remisión del expediente al Tribunal competente para su conocimiento.