Sentencia N° 202 Casación Penal TSJ 2001: Fiscal Séptimo (E) del Ministerio Público del… vs FERNANDO EDUARDO TARAZONA PEREZ…

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la solicitud de radicación de juicio presentada por el Fiscal Séptimo del Ministerio Público del Estado Táchira, en relación con los homicidios de ELIÉCER TORRADO CUADROS y FRANCISCO MARTÍN RODRÍGUEZ PICO. Se argumenta que la radicación es necesaria debido a la alarma pública generada por el caso y las demoras en el juicio. Sin embargo, la Sala determina que no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para la radicación, ya que no se ha demostrado la paralización indefinida del juicio ni la existencia de alarma pública que afecte la imparcialidad del jurado.

El artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal señala las condiciones en las cuales procede la radicación de un juicio, de un tribunal a otro tribunal de igual categoría, pero ubicado en otra Circunscripción Judicial, lo cual constituye una excepción al principio general de competencia territorial consagrado en el artículo 53 del Código Orgánico Procesal Penal. Tales condiciones o presupuestos que hacen procedente la radicación son las siguientes: a) Que la causa esté referida a delitos graves, cuya comisión cause alarma, sensación o escándalo público, o b) Que la causa se haya paralizado indefinidamente, luego de haber sido presentada la acusación fiscal, por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos. Se fundamenta la presente solicitud en los supuestos del referido artículo, no obstante esta Sala observa que los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, SIMULACION DE HECHO PUNIBLE y USO INDEBIDO DE ARMA DE REGLAMENTO son delitos graves, pero no significa que estos hechos hayan producido alarma o escándalo público, toda vez que por la sola circunstancia de haber sido reseñados por los medios de comunicación, no acarrea necesariamente la situación de alarma, sensación, o inquietud que puedan afectar la imparcialidad del jurado o dificulten la administración de justicia.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN interpuesta por el Fiscal Séptimo (E) del Ministerio Público del Estado Táchira, Abogado YEAN CARLO VINCI, y ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Quinto en función de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los fines de la prosecución del juicio.