Sentencia N° 195 — Sala de Casación Penal del TSJ, 2 de mayo de 2007

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia admite la solicitud de avocamiento presentada por los fiscales en el caso de Manuel José Carrillo Sanguino, acusado de ocultamiento agravado de sustancias estupefacientes. Se argumenta que la decisión de la Corte de Apelaciones que anuló el allanamiento realizado por la policía es una grave violación al orden jurídico que afecta la imagen del Poder Judicial y el desarrollo del proceso penal. La Sala considera que el caso es grave y que se han desatendido recursos ordinarios, por lo que se requiere el expediente original para su revisión.

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en todas sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo, a cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso, o en su defecto, lo asigna a otro tribunal. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el avocamiento procederá sólo en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudique ostensiblemente, la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido (artículo 18, aparte 11vo). La Sala pasa a examinar los requisitos concurrentes para la admisión del avocamiento y en tal sentido observa lo siguiente: En el presente caso, la causa se encuentra en el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y versa sobre la comisión de un delito de naturaleza penal, materia afín a la competencia de esta Sala. Por otra parte, se trata de un caso grave (un delito de droga, considerado como de lesa humanidad según reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia), atribuido en la solicitud a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, la cual supuestamente incurrió en graves violaciones del ordenamiento jurídico al anular el allanamiento practicado por los funcionarios de la policía del Estado Mérida, en la vivienda donde reside el ciudadano imputado Manuel José Carrillo Sanguino, en la que -según lo referido- se halló lo siguiente: … dentro de una caja de cartón de color negro con azul y blanco donde se lee PIXIS DVD PIXIS DVD 1200, un trozo de panela en forma rectangular embalado con cinta de material sintético de color rojo con negro (…) que según experticia practicada resultó ser Marihuana; Asimismo en una mesa de madera al lado del DVD de color plateado se incautó un envoltorio de material sintético transparente color verde claro, amarrado en su extremo con hilo de coser de color blanco contentivo de un polvo de color blanco, que según experticia resultó ser Cocaína, igualmente en la superficie de una repisa de madera (…) se incautó un envoltorio de material de papel periódico con la cantidad de dieciséis pastillas de color blanco, que según experticia resulto (sic) ser Opio y en la superficie de un colchón de la cama individual, ubicada en la habitación del lado derecho, se incautó en el interior de un saco de color blanco la cantidad de ocho panelas de forma rectangular embalado con cinta de color rojo con negro en su interior restos vegetales en forma compacta con un peso aproximado de un kilogramo cada una, y según experticia practicada resultó ser Marihuana … (resaltado de la Sala Penal). Según se desprende de la solicitud, a juicio de los representantes del Ministerio Público la nulidad decretada por la Corte de Apelaciones conlleva a la desestimación de las evidencias halladas en la residencia del ciudadano acusado y arriesga el desarrollo del proceso. Además, según lo indicado por los fiscales, todo ello perjudica ostensiblemente la imagen del Poder Judicial y del Sistema de Justicia Penal venezolano y viola los derechos constitucionales referidos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, ADMITE la solicitud de avocamiento presentada por los ciudadanos abogados KERINA GUERRERO BARRERA, ANA YSABEL HERNÁNDEZ y JOSÉ YVÁN RANGEL VILLAMIZAR, actuando con el carácter de Fiscal Séptima Encargada del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscal Principal y Auxiliar Décimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, respectivamente, en la causa seguida contra el ciudadano MANUEL JOSÉ CARRILLO SANGUINO, por la supuesta comisión del delito de OCULTAMIENTO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, tipificado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con el ordinal 5° del artículo 46 “eiusdem”, que cursa actualmente ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. En consecuencia acuerda requerir; con la urgencia del caso, al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el expediente original y todos los recaudos relacionados con la referida causa y ordena paralizar el proceso, de acuerdo a lo establecido en el aparte 12 del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana.