Sentencia N° 184 — Sala de Casación Penal del TSJ, 13 de marzo de 2007

La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones confirmó la condena de 28 años y 4 meses de prisión impuesta a Germán Eduardo González Martínez por los delitos de robo agravado y violación. La defensa interpuso recurso de casación alegando falta de motivación y violaciones procesales. La Sala del TSJ, al revisar el caso, determinó que la Corte de Apelaciones había realizado un análisis adecuado de las pruebas y que no incurrió en los vicios alegados por la defensa. Finalmente, se declaró sin lugar el recurso de casación.

La Sala constató que el Tribunal de Alzada examinó la coherencia del razonamiento probatorio establecido por el Tribunal en función de Juicio en la motivación de la sentencia, quien determinó los elementos de convicción que consideró probados en el desarrollo del debate y con los cuales estableció una relación directa y precisa con el hecho que de ellos devino. En tal sentido, observó que dicha instancia por medio de un criterio racional y jurídico estableció las normas jurídicas aplicables a tales hechos y la deducción lógica de la participación del acusado en los tipos penales que prevén los artículos 460 y 375 del Código Penal.

La Sala, para decidir, observa: El recurrente, en las denuncias propuestas atribuyó a la recurrida la inmotivación del fallo e indicó que la misma no se pronunció en relación a los planteamientos señalados en el recurso de apelación, en razón de ello la Sala pasa a resolver de manera conjunta las referidas denuncias. La Corte de Apelaciones constató que el Tribunal en función de Juicio prescindió de la constitución del Tribunal Mixto conforme al criterio vinculante sustentado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nº 3744, dictado el 23 de diciembre de 2003 y ratificado en la sentencia Nº 2.598 de fecha 16 de noviembre de 2004, cuyo pronunciamiento fue debidamente notificado a las partes, sin que manifestaran su inconformidad a través de alguno de los mecanismos de impugnación procesal que prevé el Código Orgánico Procesal Penal.