Sentencia N° 1672 Casación Penal TSJ 2000: Ángel Miguel Maurera Montes — Homicidio Calificado en Ejecución de Robo

La Sala de Casación Penal examina un recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública en representación del imputado ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES, condenado por homicidio calificado en ejecución de robo. La Sala encuentra que el recurso no satisface las exigencias legales, pero también identifica vicios en el fallo impugnado que violan el principio de presunción de inocencia. Se concluye que la condena se basa en una valoración de pruebas insuficiente y se ordena la realización de un nuevo juicio oral para establecer la culpabilidad o inocencia del imputado.

La Sala de Casación Penal ha examinado el fallo impugnado y ha encontrado un vicio que hace procedente la nulidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con el artículo 208 “eiusdem”. En efecto, el Juzgado Décimo de Juicio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituido con jurados, el 26 de junio del año 2000 condenó, por mayoría, al imputado ciudadano ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES a cumplir la pena de QUINCE AÑOS DE PRESIDIO por haberlo encontrado culpable de la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO A MANO ARMADA EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO; sin embargo, el fundamento del veredicto condenatorio votado por la mayoría del jurado y que constituye la base fundamental de la sentencia que aquí se analiza, es violatorio de lo establecido en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el principio de la presunción de inocencia de toda persona, así: “Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. Del mismo modo viola lo dispuesto en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal que recoge el principio constitucional al que se ha hecho referencia con anterioridad y cuyo texto expresa: “Artículo 8º. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”. La violación de los artículos transcritos se materializó cuando el jurado condenó por mayoría al imputado ciudadano ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES y fundamentó su condenatoria en un acta, distinta al acta del objeto del veredicto, cuyo texto es del siguiente tenor: “El día de hoy 15 de junio de 2000, nosotros el jurado conformado para la causa Nro. JU.10.0042-00, declaramos por Mayoría (8-1) que el ciudadano ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES, portador de la C.I. 10.821.132, CULPABLE por el delito de Homicidio Calificado en Ejecución de Robo a Mano Armada en Grado de Cooperador Inmediato, por los motivos que a continuación señalamos: 1) Aunque no haya sido reconocido por ninguno de los testigos en rueda de reconocimiento efectuada en Cuerpo Técnico de Policía Judicial “C T P J” (SIC), tampoco es prueba que no haya estado en sitio. 2) No se presentaron testigos de q´ (SIC) el imputado haya permanecido en otro lugar el día y la hora del suceso. 3) En la declaración jurada del Sr. ALEXIS MENDOZA, indiciado directo en el homicidio, el Sr. ÁNGEL M. MAURERA es señalado como cooperador en el mismo. 4) El Sr. ALEXIS MENDOZA en su declaración, señala q´ (SIC) MIGUEL alías el “chino” tenía en su poder el día del suceso su arma pequeña de color negro, la cual corresponde a la misma descripción del arma que encontraron en el allanamiento practicado a la vivienda donde reside el imputado ÁNGEL M. MAURERA”. Dicha acta demuestra que el jurado condenó al imputado ciudadano ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES por la comisión del delito de homicidio calificado en la ejecución del delito de robo a mano armada en grado de cooperador inmediato, no obstante que: 1) No fue reconocido en “rueda de individuos” por ninguno de los testigos del hecho. 2) No se probó que no estuvo en el “sitio”. 3) No se presentaron testigos que atestiguaran que el imputado hubiera permanecido en otro lugar y 4) Porque el “Sr. Alexis Mendoza” (autor material del homicidio) en una declaración, que no fue rendida durante el juicio oral, señaló que “Miguel alías el ‘chino’ tenía en su poder el día del suceso un arma pequeña de color negro” y que correspondía con la descripción de la que fue encontrada en el allanamiento practicado en la casa donde residía el imputado y donde fue capturado. Es criterio de esta Sala de Casación Penal que los motivos expuestos por el jurado para condenar al imputado ciudadano ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES evidencian la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del mencionado imputado, además de que son violatorios del precepto constitucional y legal antes transcritos además de que traslada al imputado y a su defensa la carga de probar que es inocente y es al Estado a través del Fiscal de Ministerio Público que le corresponde probar con respecto al principio del debido proceso, que es culpable. Por ello, lo ajustado a Derecho es anular la sentencia impugnada y ordenar la realización de un nuevo juicio oral en el que se establezca, sin ningún género de dudas, la culpabilidad o inculpabilidad del imputado ciudadano ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES. Así se decide.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Defensora del imputado ciudadano ÁNGEL MIGUEL MAURERA MONTES, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Juicio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituido con jurados, el 26 de junio del año 2000. 2) ANULA dicho fallo y ORDENA la realización de un nuevo juicio oral. A tal efecto se remite el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y remítase el expediente.