Sentencia N° 1647 Casación Penal TSJ 2000: Jorge Luis Meza vs Juan José Caldera, Orlando Fernández Medina…

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, se pronunció sobre la competencia para conocer de decisiones del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. Se determinó que la Sala de Casación Penal debía conocer la consulta sobre la sentencia dictada el 12 de noviembre de 1997, que declaró terminada la averiguación por no haber hecho punible los hechos denunciados. La Sala concluyó que no existían elementos de prueba que corroboraran la denuncia presentada por Jorge Luis Meza contra los ciudadanos JUAN JOSÉ CALDERA, ORLANDO FERNÁNDEZ MEDINA y CIRO ZAA por los delitos de difamación, privación ilegítima de libertad y abuso genérico de autoridad.

La Sala, para decidir, observa: Se evidencia del texto de la denuncia, que el ciudadano Jorge Luis Meza atribuye a los ciudadanos JUAN JOSÉ CALDERA, ORLANDO FERNÁNDEZ MEDINA y CIRO ZAA, la comisión de tres hechos punibles, a saber: Privación Ilegítima de Libertad (artículo 177 del Código Penal), Difamación (artículo 444 eiusdem) y Abuso Genérico de Autoridad (artículo 69 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público). Pero es el caso, que consta según Gaceta Oficial del 27 de diciembre de 1999, Nº 36.857 (que luego fue reimpreso por error material del ente emisor) que la Asamblea Nacional Constituyente electa el 25 de Julio de 1999, substituyó al Congreso de la República en sus funciones a partir del 27 de diciembre de 1999. Lo expresado con anterioridad comprueba que los ciudadanos JUAN JOSÉ CALDERA y ORLANDO FERNÁNDEZ perdieron su condición de congresantes el 27 de diciembre de 1999, puesto que la Asamblea Nacional Constituyente substituyó al Congreso de la República en sus funciones, por lo que cesó su condición de altos funcionarios. En vista de ello y de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal el 1º de julio de 1999, y dado que en el presente caso tanto los hechos como la decisión dictada se produjeron antes de la entrada en vigencia del mencionado código, lo procedente es aplicar el régimen procesal transitorio allí establecido en el Capítulo II, Título I del Libro Final, en relación con que las causas que se encontraren en curso para la fecha de entrada en vigencia de ese código siguieran siendo juzgadas en sus tribunales de origen hasta la terminación del juicio. Así, el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal establece: “Causas en la etapa sumarial. Las causas que se encontraren en etapa sumarial de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Criminal derogado por este Código se regirán por las reglas siguientes: 3º Los tribunales y juzgados remitirán al Fiscal del Ministerio Público todas las causas en las cuales haya auto de detención o de sometimiento a juicio firme, y no se hubiere formulado cargos. El Fiscal podrá formular la acusación respectiva o solicitar el sobreseimiento, con base en los recaudos que le fueron remitidos. El procedimiento continuará conforme a las normas de este Código”. De manera que el citado artículo dispuso que en los casos en que el auto de detención esté firme y no se hubiere formulado cargos, el Fiscal podrá acusar o solicitar el sobreseimiento, para lo cual se remitirá la causa al Fiscal del Ministerio Público: tal corresponde en el caso de autos.

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA REMITIR LA CAUSA AL CIUDADANO FISCAL GENERAL DE LA REPÙBLICA, de acuerdo con lo establecido en el ordinal 3º del artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, y regístrese.