Sentencia N° 1585 Casación Penal TSJ 2000 — Desestimación del recurso de casación interpuesto por la…

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la desestimación del recurso de casación interpuesto por la parte querellante contra una sentencia absolutoria dictada por un Tribunal con Jurados. La decisión se fundamenta en que, conforme al artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, no es posible recurrir sentencias absolutorias dictadas por jurados. La Sala argumenta que el principio de ne bis in idem impide la doble persecución penal, lo que justifica la inadmisibilidad del recurso. Se concluye que la decisión de absolución no puede ser objeto de revisión en casación.

La participación ciudadana en el juicio de jurados, como lo ordena el Código Orgánico Procesal Penal, no es más que el ejercicio de la soberanía popular en la administración de justicia. Ya no es el ejercicio de dicha soberanía en forma delegada que realiza el juez técnico a través de sus funciones burocráticas, dentro de sus atribuciones jurisdiccionales, sino el directo y soberano mandato que emana de la conciencia pública, a fin de decidir un asunto planteado a través del debido proceso. Por esto mismo no se le exige al jurado razones o motivos en su proceso de valoración de pruebas, puesto que el veredicto que se dicte se basará en el sistema de la íntima convicción. Diferente es el caso del juez técnico que ejerce estas funciones en forma delegada, pues tendrá que explicar las razones de su decisión, para así poder controlar su actuación. En relación a este mismo asunto Eugenio Raúl Zaffaroni escribe: '…Es obvio que, cuando se trata de jurados, la valoración debe hacerse conforme a la íntima convicción. Esta es una exigencia del propio sistema de jurado popular, porque sería un sistema de juicio directo del pueblo, equivalente a una forma plesbicitaria en lo legislativo…tratándose de un tribunal técnico, no es admisible la íntima convicción del tribunal. El tribunal técnico no ejerce una soberanía directa, sino una representación republicana, y cualquier autoridad que ejerce una función republicana está obligada a hacerlo en forma racional, de modo que el desempeño de esa función pueda ser controlado públicamente. Un proceso penal es un 'asunto público' en que el ciudadano tiene derecho a participar por sí o por sus representantes y, como es lógico, si los jueces resuelven 'en conciencia', se trataría de decisiones en las que nadie podría participar porque no podrían controlar el criterio que las guía…'.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DESESTIMA POR INADMISIBLE el presente recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.