Sentencia N° 1302 Casación Penal TSJ 2000: Martín Segundo Valero Briceño vs Julio José de la Coromoto Pérez Rojas

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, decidió sobre el recurso de casación interpuesto por el defensor del acusado JULIO JOSÉ DE LA COROMOTO PÉREZ ROJAS, quien había sido sobreseído por prescripción en un caso de difamación. La Sala encontró que el juez de la instancia no examinó adecuadamente las pruebas presentadas, lo que llevó a la declaración de que el recurso de casación era procedente. En consecuencia, se anuló el fallo impugnado y se ordenó el remitir el expediente a la Corte de Apelaciones correspondiente para su nueva consideración.

La Sala, para decidir, observa: De la revisión del fallo recurrido se constata que el sentenciador dejó demostrado el cuerpo del delito de DIFAMACIÓN AGRAVADA con los siguientes elementos: 1) el libelo acusatorio del 23 de febrero de 1996, presentado por el ciudadano MARTÍN SEGUNDO VALERO BRICEÑO por ante el Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Penal; 2) el ejemplar del Diario “El Informador”, del 8 de febrero de 1996; 3) declaración de GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ; 4) declaración de MÉLIDA GEORGINA ARISMENDI; y 5) declaración del ciudadano MIRO ALBERTO VÁSQUEZ ARRIECHI. El sentenciador resumió los hechos contenidos en esos elementos y señaló la valoración legal correspondiente. En la segunda parte de la motivación el sentenciador declaró procedente decretar el sobreseimiento de la causa por prescripción, tomando en cuenta que el auto de proceder fue dictado el 26 de febrero de 1996 y que para el 30 de octubre de 1997, fecha de la decisión recurrida, la prescripción judicial o extraordinaria había operado de acuerdo con lo establecido en el primer aparte del artículo 110 del Código Penal y en conexión con el ordinal 6º del artículo 108 “eiusdem”. No obstante el anterior pronunciamiento, la Sala encuentra que el sentenciador (al declarar por probado el delito de difamación agravada) omitió el examen de las declaraciones de los ciudadanos VÍCTOR DANIEL TORREALBA LEAL y BARTOLOMÉ FINIZOLA CELLI: la relevancia de estas pruebas destaca el formalizante al señalar que las mismas conducen a demostrar el sobreprecio en que incurrían los proveedores de insumos médico-quirúrgicos del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. El artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para la fecha de la decisión recurrida, imponía al sentenciador expresar las razones de hecho y Derecho según el resultado que suministrara el proceso. De tal manera que el resumen y análisis de las pruebas constituyen la base para expresar esas razones y establecer claramente los hechos que el Tribunal considera probados, e incluso en el caso de decisiones como la recurrida, en las que debe dejarse establecido con precisión el delito cuya prescripción es objeto de examen por parte del sentenciador. En virtud de lo expuesto la Sala declara infringido el referido artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación de forma interpuesto por el Defensor Definitivo del acusado JULIO JOSÉ DE LA COROMOTO PÉREZ ROJAS. En consecuencia anula el fallo impugnado y ordena remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 4 de la Resolución Nº 284 del 4 de abril del año 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, para que aquél lo remita, previa distribución, a una de las Salas Accidentales de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.