Sentencia N° 13 — Sala de Casación Penal del TSJ, 10 de febrero de 2025

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano RAFAEL ENRIQUE GÁMEZ SALAS, requerido por la presunta comisión de delitos graves como homicidio intencional calificado, financiamiento al terrorismo, secuestro y asociación. La decisión se basa en la existencia de una orden de aprehensión emitida por el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia y en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación nacional e internacional en materia de extradición. La Sala resalta que el Estado venezolano asume el compromiso de garantizar que el juicio se desarrolle con todas las garantías procesales y derechos humanos del ciudadano solicitado, asegurando que no será juzgado en ausencia y que se respetarán sus derechos a la defensa y a un juicio justo. Además, se establece que la extradición se tramitará conforme al principio de reciprocidad y a los tratados internacionales vigentes entre Venezuela y Estados Unidos. Finalmente, se ordena remitir copia certificada de la decisión al Poder Ejecutivo Nacional para su cumplimiento, reafirmando el compromiso del Estado venezolano en el proceso de extradición.

La Sala de Casación Penal, antes de entrar a decidir la procedencia o no de la solicitud de la extradición activa, considera oportuno dejar sentado, respecto de la opinión que previamente debe emitir el Ministerio Público como titular de la acción penal, en los casos de extradición activa, lo siguiente: El artículo 3 del Código Penal venezolano, establece el principio de la territorialidad de la ley penal venezolana y faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción. En este contexto, el Código Orgánico Procesal Penal, dispone el procedimiento de extradición: activa o pasiva. La primera, cuando el Estado venezolano es requirente de la misma. La segunda, cuando en virtud de la solicitud formal de extradición que le remite otro País, la República Bolivariana de Venezuela se convierte en el Estado Requerido. En el artículo 382 del referido código adjetivo penal, se encuentran dispuestas las fuentes que rigen dicho procedimiento, señalándose como tales la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, y las normas de este título. Por otra parte, el artículo 383 eiusdem, establece: “(…) Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de la extradición activa. A tales fines, el tribunal de la causa se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional (…)”. Del análisis del referido precepto legal se constata, que el procedimiento de extradición activa, debe ser solicitado al juez, por el Ministerio Público, cuando éste último tiene noticias (como en el caso particular) que el ciudadano solicitado al cual le ha sido acordada medida de privación judicial preventiva de libertad, evadiendo el procedimiento judicial penal que se le sigue en Venezuela, se encuentra en país extranjero. Lo que quiere decir, que en el derecho penal venezolano, la solicitud de extradición surge en un proceso en curso (incidentalmente) cuando el representante del Ministerio Público tiene conocimiento que el imputado del cual se trate (procesado o condenado) a quien le ha sido dictada orden de aprehensión o se encuentra cumpliendo una medida de coerción personal como la privación de libertad (según sea el caso); se encuentra en otro país (ubicable o detenido). Ahora bien, en esta etapa de lo que se resuelve, resulta necesario citar los artículos 285, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece como una de las atribuciones del Ministerio Público: “(…) Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República (…)”; y el artículo 111, del mencionado Texto Adjetivo Penal, numeral 16, el cual faculta al Ministerio Público, para “(…) Opinar en los procesos de extradición (…)

PRIMERO: PROCEDENTE la extradición activa del ciudadano RAFAEL ENRIQUE GÁMEZ SALAS, de nacionalidad venezolana, identificado en las actuaciones con la cédula de identidad N° V-19.290.821, al Gobierno de los Estados Unidos de América, para ser sometido a un proceso penal por su presunta participación en los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal venezolano, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, SECUESTRO, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.