Sentencia N° 128 Casación Penal TSJ 2000: Ana Maria Padilla Villalba — Revocación de decisión del Tribunal Superior de…

TSJ/SCP, Sent. N° 128, Exp. S004598, 18/02/2000 · 18 de febrero de 2000
ExpedienteS004598
Parte actora / solicitanteANA MARIA PADILLA VILLALBA
PonenteCarlos Eduardo Salazar Mejías
MateriaPenal
Tipo de recursoRevision Constitucional
Fecha de la decisión2000-02-18
DecisiónCon Lugar

Resumen

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, revisó la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público que había declarado no haber lugar a la formación del sumario en un caso relacionado con la responsabilidad administrativa de funcionarios públicos. La Sala encontró que los hechos denunciados por la Fiscal podrían tener visos delictivos y que la decisión consultada no se ajustaba a derecho, ya que la denuncia no podía ser desestimada sin una adecuada investigación.

Extracto de la motiva

El artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para la fecha de la decisión consultada, aplicado por los sentenciadores, autorizaba al Tribunal o funcionario instructor para desestimar la denuncia y declarar no haber lugar a la formación del sumario, sólo en los siguientes casos: 'Cuando el hecho denunciado no revistiere carácter penal, o la denuncia versare sobre hechos punibles de acción privada o sobre hechos cuya acción estuviere evidentemente prescrita'. Fuera de esos casos la denuncia no podía ser desestimada y la abstención de proceder es indebida. Examinado el fundamento expuesto por los Jueces en la decisión consultada, la Sala encuentra, que los hechos denunciados por la Representante del Ministerio Público bien pudieran tener visos delictivos de acuerdo con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. A lo cual hay que añadir, que en las actuaciones instruidas por la Contraloría General de la República, el Informe de Inspección Fiscal, practicado por el ciudadano IVAN ROJAS, Ingeniero de la Contraloría General de la República, en el Estado Táchira, en las dependencias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a fin de verificar la ejecución de las obras referidas en los mencionados contratos; así como el Acta del 14 de septiembre de 1995, suscrita por el citado Ingeniero y por los ciudadanos LUIS A. FLORES V., Director Regional; ALEIRO SOTO, Jefe de la División de Construcciones Viales y FRANCICO M. CASTILLO H., Ingeniero Inspector del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, evidencian: a) que en los trabajos realizados por la empresa CONSTRUCCIONES FRYSO C.A., hay defectos por distorsión (convadura, ondulaciones, hundimiento de la rasante) del asfalto colocado en algunos tramos de la vía (PROGRESIVAS 0 + 000 A LA 1 + 900), observándose igualmente rotura localizada del pavimento (baches), concluyéndose en general, que el acabado del asfalto es irregular; y, b) que en los trabajos realizados por la empresa ECRISMOCA C.A., en tramos localizados a lo largo de la vía, están deteriorados. Esos hechos reseñados, por estar referidos a obras contratadas por la Administración Pública y defectuosamente ejecutadas, constituyen materia suficiente para la apertura de averiguación, en razón de que podrían configurar igualmente el hecho punible descrito en el artículo 78, numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que establece 'Serán penados con prisión de tres meses a un año los funcionarios públicos que: 2) Ordenen pagos por obras o servicios no realizados o defectuosamente ejecutados'.

Dispositiva

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión consultada, pronunciada el 17 de julio de 1998 por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, y de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, ordena la investigación de los hechos a que se contrae la denuncia de la ciudadana ANA MARIA PADILLA VILLALBA, Fiscal Segunda del Ministerio Público con Competencia Nacional en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público. Se acuerda remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a los fines previstos en el artículo 507, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, y se de cumplimiento a lo decidido en este fallo.

Palabras clave

responsabilidad administrativailícito penalaveriguación sumariaLey Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Públicocontratos de obradefectos de ejecuciónfiscalíainvestigación

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