Sentencia N° 127 Casación Penal TSJ 2000: Norelys Romero de Marcano — Confirmación de decisión sobre sobregiros bancarios

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, confirma la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público que desestimó la denuncia por sobregiros bancarios, argumentando que los hechos no constituían delito en el momento de su ejecución. Se establece que los sobregiros ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que tipificó dichos actos como delitos. La Sala resalta que la denuncia no podía ser desestimada fuera de los casos previstos por la ley.

El artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para la fecha de la decisión consultada, aplicado por los sentenciadores, autorizaba al Tribunal o funcionario instructor para desestimar la denuncia y declarar no haber lugar a la formación del sumario, sólo en los siguientes casos: 'Cuando el hecho denunciado no revistiere carácter penal, o la denuncia versare sobre hechos punibles de acción privada o sobre hechos cuya acción estuviere evidentemente prescrita'. Fuera de esos casos la denuncia no podía ser desestimada y la abstención de proceder es indebida. En el caso de autos, los sobregiros bancarios por los cuales se solicita abrir averiguación sumaria, ocurrieron: a) durante el período septiembre a noviembre de 1981, el señalado para la cuenta corriente Nº 001-001734, registrada en el Banco Industrial de Venezuela, C.A.; y, b) el 3 de abril de 1981, para la cuenta corriente Nº 10-59-0779-4 del Instituto Nacional de Puertos en el Banco Industrial de Venezuela. Los sobregiros bancarios, si bien constituyen créditos públicos para los cuales deben cumplirse las formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Crédito Público, para las fechas en que los mismos aparecen realizados en el caso de autos, no aparecían tipificados como delito. Fue con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, el 1º de abril de 1983 cuando el sobregiro fue considerado punible y sancionado en el artículo 79 de dicha Ley, que expresa: 'El funcionario público que abra cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero utilizando fondos públicos, aún sin ánimo de apropiárselos, o deposite dichos fondos en cuenta particular ya abierta, o aquel que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias entidades bancarias mantenga el organismo o ente confiado a su manejo, administración o giro, será penado con prisión de seis meses a dos años'.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión consultada, pronunciada el 10 de septiembre de 1992 por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. Se acuerda remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.