Sentencia N° 126 Casación Penal TSJ 2000: Alexis Olmos Viloria — Averiguación sumaria por prescripción de la acción penal

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, confirma la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público que declaró terminada la averiguación sumaria por prescripción de la acción penal en el delito de malversación de fondos. Se establece que la acción penal se encuentra prescrita debido a que el imputado, ALEXIS OLMOS VILORIA, cesó en su cargo como Gobernador del Estado Yaracuy el 23 de abril de 1987, y han transcurrido más de cinco años desde esa fecha.

El análisis de los hechos y de las circunstancias mencionadas en párrafos anteriores, conducen a esta Sala a estimar que la acción penal para perseguir el delito de MALVERSACION DE FONDOS, cometido en perjuicio del patrimonio público e imputado al ciudadano ALEXIS OLMOS VILORIA, se encuentra prescrita, toda vez que consta en autos que dicho ciudadano era funcionario público con el cargo de Gobernador del Estado Yaracuy, y que de acuerdo con el Oficio 422 del 05 de octubre de 1993 emanado del ciudadano EDGAR ESCUDERO SANCHEZ, Gobernador Encargado de ese Estado, cesó en sus funciones el 23 de abril de 1987, momento a partir del cual comenzó a contarse el lapso de prescripción de la acción penal del delito cometido. Es evidente, por tanto, que en relación con el ciudadano ALEXIS OLMOS VILORIA, operó la prescripción de la acción penal, por haber transcurrido desde el 23 de abril de 1987, cuando cesó en el cargo, un lapso mayor de cinco (5) años previsto para la prescripción por la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público; circunstancia en la cual se fundamenta esta Sala para estimar que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es CONFIRMAR la decisión dictada por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público mediante la cual DECLARA TERMINADA LA AVERIGUACIÓN SUMARIA POR PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, en relación a los hechos imputados al ciudadano ALEXIS OLMOS VILORIA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206, ordinal 7º del Código de Enjuiciamiento Criminal y 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, aplicables en atención a lo dispuesto en el único aparte del artículo 509 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión del 16 de febrero de 1998, dictada por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, en la que declaró terminada la averiguación de acuerdo con lo que disponían el artículo 206, ordinal 7º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, ahora derogado y el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y ordena remitir el presente expediente al Ciudadano Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los fines legales consiguientes.