Sentencia N° 80 — Sala de Casación Civil del TSJ, 16 de marzo de 2023

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por el Magistrado Henry José Timaure Tapia, decidió el recurso extraordinario de casación interpuesto por Rainer Rollans Rodríguez Parra contra la sentencia del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, que había declarado con lugar la apelación en un juicio por cobro de bolívares. La Sala revocó la decisión del tribunal inferior, condenando al demandado al pago de la cantidad adeudada y ordenando la realización de una experticia complementaria para calcular la indexación correspondiente. La sentencia destaca la importancia de la indexación en el contexto de la inflación y la devaluación de la moneda, subrayando que el juez debe considerar el valor real de las deudas en el momento de su cumplimiento. La Sala concluyó que no hubo quebrantamiento de formas sustanciales ni vulneración del derecho a la defensa, declarando sin lugar el recurso de casación propuesto por el demandante. Finalmente, se condenó en costas al demandante recurrente, reafirmando la obligación del juez de alzada de decidir dentro de los límites establecidos por la apelación, evitando así la reformatio in peius.

Nuestra doctrina patria nos enseña que “el principio de exhaustividad” de la sentencia, impone a los jueces la obligación de considerar y resolver todas y cada una de las alegaciones que constituyen el problema judicial debatido entre las partes, cuya violación se traduce en una omisión de pronunciamiento. Resumiendo los conceptos que enseña al respecto el autor Prieto Castro, podemos decir que hay omisión de pronunciamiento, cuando la sentencia prescinde de otorgar o negar la tutela jurídica solicitada sobre alguna de las peticiones de las partes, a menos que por alguna causa legal el Juez esté eximido de ese deber. (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana. Dr. Leopoldo Márquez Áñez. Pág. 28). En el mismo sentido, dispone el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia debe contener, entre otros requisitos, decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Ello, con la finalidad de que los pronunciamientos emanados de los órganos encargados de administrar justicia, que delimitan el problema judicial debatido entre las partes, sean congruentes con la demanda y su contestación. Ahora bien, del concepto de congruencia emergen dos reglas que son: a) Decidir solo lo alegado y b) Decidir sobre todo lo alegado. Esta norma es acorde con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico. Los artículos mencionados ut supra, sujetan el pronunciamiento del juez, como director del proceso, a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible ampliar su decisión sobre argumentos de hechos no formulados o alegados en el proceso (incongruencia positiva), o por el contrario, dejar de decidir alguno de los hechos alegados por los sujetos del litigio (incongruencia negativa). Ahora bien, de los argumentos planteados por el demandante recurrente, esta Sala evidencia que los mismos van dirigidos a acusar la comisión del vicio incongruencia negativa, por cuanto el juez superior no se pronunció “…de manera precisa sobre la estimación de la demanda en el libelo en cuanto al punto de multiplicar los dólares que equivalía los 126.500 Bs.F. por el valor del dólar en bolívares al momento de interponer la demanda, (…) pido sea declarado nula la sentencia “…Por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior…” esto es el ser preciso el monto de la cuantía, poniendo al Demandante (sic) en un plano de indefensión y su omisión vicia el fallo por no atenerse a lo alegado y probado por el demandante en autos por lo que respecta a la estimación de la demanda Lo subrayado (sic) y resaltado es mío…”. Esta sala ha sostenido reiteradamente que “…la incongruencia negativa, resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción. Es decir, la incongruencia, es la diferencia entre lo pretendido y contradicho materialmente por las partes, y lo resuelto por el sentenciador en el contenido y alcance del dispositivo del fallo…”. (Vid. sentencia N° 194, de fecha 3 de mayo de 2005, reiterada, entre otras, en sentencia N° 685, de fecha 10 de agosto de 2007, caso Héctor Teódulo Collazo Colmenarez viuda de Collazo y otros). Es necesario precisar que la acción intentada por el hoy recurrente en casación, estuvo orientada a que el demandado reconociera la obligación contenida en el cheque, instrumento que acompañó al escrito de libelo de la demanda, quedando como un instrumento privado el cual debía ser impugnado por la parte contraria conforme el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, hecho que no ocurrió, quedando dicho documento reconocido, y asimismo la deuda contenida en él, pidiendo le sea honrada la cantidad adeudada, solicitando la indexación correspondiente e indicando que la moneda extranjera de referencia es el dólar (US$). Asimismo, es importante reflejar que quien recurre hoy en casación, efectuó unos ajustes específicos respecto a la suma reflejada en el cheque, lo cual evidencia un reajuste del valor monetario, equivalente o que tenga el mismo valor adquisitivo y represente el mismo valor de la cantidad adecuada desde el año 2010, suficiente para así comprar o adquirir US$29.429,00 cantidad que se podría adquirir para el 29 de octubre del 2010, con la suma reflejada en el instrumento cheque, lo cual constituye una indexación, que no ha sido ordenada por el tribunal.

SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación propuesto por el demandante, contra la decisión del dictada por Juzgado Superior Tercero en lo Civil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 6 de abril de 2022. Se CONDENA EN COSTAS del recurso extraordinario de casación al demandante recurrente.