Sentencia N° 488 — Sala de Casación Civil del TSJ, 20 de diciembre de 2002

La Sala de Casación Civil, bajo la ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, decide sobre un recurso de casación interpuesto por la representación judicial de Marco Antonio García Álvarez, contra una sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia. La sentencia recurrida había declarado simulado un préstamo con garantía hipotecaria. La Sala encuentra que la sentencia impugnada incurrió en vicios de inmotivación y petición de principio, al basar su decisión en pruebas que no fueron debidamente analizadas ni valoradas.

La lógica del razonamiento rechaza el sofisma denominado petición de principio, que consiste en dar como cierto lo que se trata de probar. La determinación de un hecho, de un concepto, no debe realizarse con el mismo concepto definido: lo definido no debe entrar en la definición. Tal petición de principio ocurre, en el ámbito jurisdiccional, cuando el Tribunal se fundamenta en un proveimiento recurrible, para declararlo irrecurrible. El Juez estaría tomando el proferimiento de su sentencia, como si ella, con la sola publicación, hubiera adquirido la autoridad de la cosa juzgada, lo cual no es cierto, porque esta solo adviene de la no interposición del recurso en cuestión, o de su improcedencia. No le impone la Ley al Juez que contradiga su convicción, sino que haga conducente el derecho a la defensa, a fin de que el recurrente pueda hacer revisar por la Sala el motivo que adujo aquél para negar el recurso.

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial del ciudadano MARCO ANTONIO GARCIA ALVAREZ, contra la sentencia dictada en fecha 10 de julio del 2001, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena la reposición de la causa al estado que el Superior competente dicte nueva decisión corrigiendo el vicio aquí censurado.