Sentencia N° 417 Casación Civil TSJ 2000: Marcel Reyes Villoria vs Nilda Briceño de Reyes, Rafael Amador Reyes…

La Sala de Casación Civil, bajo la ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por el demandante en un juicio de partición de comunidad hereditaria. La sentencia de alzada había declarado la reposición de la causa al estado de que se citen nuevamente a los demandados para la contestación de la demanda, declinando la competencia por territorio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua. La Sala observó infracciones de orden público en la decisión recurrida, lo que le permitió casar de oficio el fallo.

La Sala, reiterando el precedente transcrito, considera que la recurrida incurrió en el vicio de ultrapetita cuando extendió su conocimiento más allá de lo apelado, declarando la incompetencia del tribunal en razón de la materia con la consecuencial reposición de la causa, omitiendo el trámite pendiente relativo a la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil que fue alegada por la parte demandada en su oportunidad. Tal como se ha sostenido reiteradamente por esta Sala de Casación Civil, el estricto cumplimiento por parte de los jueces de instancia de los requisitos legalmente establecidos para la formación de la sentencias, es materia que interesa al orden público, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable a la Sala ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil para casar de oficio el fallo recurrido, tal como se lo hace en esta oportunidad.

Por las razones antes, expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Accidental Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de abril de 1999. En consecuencia, se repone la causa al estado de que el Juzgado Superior que resulte competente dicte nueva sentencia en la que corrija el vicio detectado. No hay pronunciamiento sobre costas dada la índole de la decisión.