Sentencia N° 412 Casación Civil TSJ 2000: Carmen Luisa García Valencia vs William Raúl Lizcano — Nulidad por falta de…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia anula la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores, debido a la falta de pronunciamiento expreso sobre la incidencia de inhibición planteada por la Jueza Nelly Hernández de Azara. Se establece que es necesario que exista una declaratoria que resuelva la crisis procesal subjetiva antes de dictar una sentencia definitiva, para garantizar el debido proceso. La Sala concluye que la decisión proferida es nula de pleno derecho por infringir la garantía constitucional del debido proceso.

Para reforzar lo expresado, la Sala realizando una interpretación sistemática o íntegra de normas, se permite transcribir, como parte y en relación al punto en estudio, lo previsto en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, que expresa: “...En los casos de inhibiciones, recusaciones y competencias de no conocer, se pasarán los autos inmediatamente después de promovida la respectiva incidencia al funcionario (...) y dichos suplentes seguirán conociendo del respectivo proceso, mientras se decida la incidencia; pero se abstendrán de dictar sentencia definitiva, si fueren Jueces, hasta que se decida la incidencia, pues sólo podrán dictar la sentencia los Jueces que en definitiva sean declarados hábiles y competentes....” (El resaltado es de la Sala). En ese mismo orden de ideas, el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, establece líneas similares, aun cuando aquí el legislador no expresa nada en relación a que no puede haber sentencia definitiva hasta tanto no exista un pronunciamiento en la incidencia inhibitoria; no obstante, como ya se recogió, es necesario que haya una decisión que resuelva la crisis subjetiva, para que la sentencia definitiva pueda pronunciarse, sin menoscabo de la naturalidad del juez como garantía constitucional para las partes.

ANULA la decisión proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 16 de febrero de 2000, y REPONE LA CAUSA al estado en el cual se acredite o se de cumplimiento debido a la incidencia inhibitoria surgida, y posteriormente el Tribunal Superior que resulte competente dicte la sentencia definitiva con sujeción al reenvío declarado por este Tribunal Supremo de Justicia en fecha 17 de noviembre de 1999.