Sentencia N° 385 Casación Civil TSJ 2000: Felix Luis Corral Sobrino vs JORGE TORRES MADRID, BETHSABE WAGNER DE…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra una sentencia del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, que había declarado con lugar la demanda por cumplimiento de contrato. La parte demandada alegó incongruencia negativa en la sentencia recurrida, argumentando que el juez no se pronunció sobre ciertos alegatos relacionados con una cláusula penal del contrato en cuestión. La Sala analizó los argumentos presentados y concluyó que, aunque el juzgador no se pronunció de la manera esperada por la parte demandada, sí realizó un análisis de la cláusula penal, lo que evidenció que no hubo incongruencia negativa. Por lo tanto, se declaró improcedente el recurso de casación y se confirmó la decisión del Juzgado Superior, condenando en costas al recurrente. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

La consecuencia inmediata de lo antes expuesto, es que el sentenciador debió realizar el análisis de los hechos planteados en el escrito de informes de la parte demandada, y no limitarse exclusivamente a establecer aquellas circunstancias que del mismo escrito, redundaran en beneficio de la parte demandante, debiendo por lo tanto expresarse de manera clara y precisa, acerca de la procedencia o no de dichos alegatos, con su correspondiente fundamentos (sic). Es decir, que la decisión aquí recurrida no es positiva, pues la misma dejó cuestiones sin ser resueltas expresamente...." (Subrayado del formalizante). Para decidir, la Sala observa: Arguye el formalizante que la sentencia recurrida se encuentra viciada de incongruencia negativa, pues omitió pronunciarse acerca de los alegatos expuestos en los informes, entre ellos, sobre una cláusula penal prevista en el contrato objeto del litigio, infringiendo así los artículos 12, 15, 244 y 243 ordinal 5º Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, la Sala transcribe transcribe la parte pertinente de la sentencia recurrida: "ANALISIS DEL INFORME DE LA PARTE DEMANDADA EN ESTA ALZADA. El apoderado judicial de la parte demandada en su escrito de informes manifiesta: Que sus representados, los ciudadanos Bethsabe Wagner de Torres, Jorge, Bethsabe Susana, Marianella y Juan Carlos Torres Wagner, por cuanto son los únicos y universales herederos del ciudadano Jorge Torres Madrid, no se han negado en ningún momento a honrar las obligaciones asumidas por este último, sino que se encuentran en una situación económica crítica, que les impide dar cumplimiento a tales obligaciones. Que casi todos los bienes de la sucesión se encuentran embargados o en etapa de ejecución forzosa, con exclusión del bien objeto de la presente demanda, que los herederos no se han negado a entregar libre de bienes y personas. Que la entrega del citado bien implica cancelar la cláusula penal y no existe posibilidad económica de cancelarla, lo cual hace imposible proceder a la entrega del bien. Que la sentencia recurrida condenó a sus representados a pagar, hasta la fecha del 26 de abril del año 1999, por los 1.188 días transcurridos, la cantidad de sesenta y seis millones quinientos veintiocho mil Bolívares (Bs. 66.528.000,00). Que a la fecha de presentación de este informe, han transcurrido 1.392 días, que multiplicados por cincuenta y seis mil Bolívares (Bs. 56.000,00) diarios correspondientes a la cláusula penal, da un total adeudado de setenta y siete millones novecientos cincuenta y dos mil Bolívares (Bs. 77.952.000,00), lo cual supera el precio de venta pactado en el contrato que fue de veintidós millones cuatrocientos mil Bolívares (Bs. 22.400.000,00). Que no existe proporcionalidad entre el incremento de la cláusula penal y el precio de venta; Que el monto de la penalidad es exagerado en relación con el precio pactado en el documento de compra - venta; Que si bien es cierto que la cláusula penal es un medio compulsivo para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones, o resarcir los daños que se puedan causar como consecuencia de retardo en el cumplimiento de las mismas, no puede ser utilizado para abusar o desmejorar las condiciones de la parte contratante; Que una cláusula penal tan elevada pareciera que se estuviera en presencia de un contrato de préstamo y no de una compra - venta con pacto de retracto convencional; Que la situación de sus representados es crítica, lo cual indica la falta de solvencia para honrar tan oneroso compromiso. Por último solicita a esta Alzada que proceda a reducir el monto de la presente penalidad por cuanto el mismo es de imposible cancelación por parte de sus representados, no obstante la disposición de estos últimos a entregar el bien objeto del presente juicio, libre de bienes y personas y que declare con lugar la apelación.

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR, el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada el 10 de marzo de 2000, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Se condena en costas al recurrente de conformidad con los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Remítase este expediente al Tribunal de la causa, o sea, al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen, ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.