Sentencia N° 382 Casación Civil TSJ 2001: Banco Industrial de Venezuela, C.A. vs Inmobiliaria 90, S.A. — Recurso de casación…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por Inmobiliaria 90, S.A. contra la sentencia del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario. La Sala consideró que no había motivo para desaplicar el artículo 37 numeral 5° de la Ley del Banco Industrial de Venezuela, que otorga privilegios procesales a dicha entidad, argumentando que estos privilegios son coherentes con los principios constitucionales y el deber del Estado de proteger sus intereses patrimoniales. La decisión se fundamentó en la interpretación de normas constitucionales y procesales, concluyendo que la denuncia por infracción de ley era improcedente.

La Sala observa que no hay motivo alguno para desaplicar por inconstitucional el artículo 37 numeral 5° de la Ley del Banco Industrial de Venezuela, pues los privilegios procesales establecidos para el referido Banco, dada la importante participación accionaria que sobre el mismo tiene la República Bolivariana de Venezuela, van a tono con las prerrogativas procesales concedidas a la Nación venezolana en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, y con los principios constitucionales que establecen el deber del Estado de defender sus intereses patrimoniales, a través del marco legal que considere idóneo para tales fines.

Este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil INMOBILIARIA 90, S.A., (INOSA) contra la sentencia de fecha 8 de febrero de 2001, dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas. Como consecuencia de haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena a la recurrente al pago de las costas del recurso.