Sentencia N° 372 Casación Civil TSJ 2001: Victor Manuel Lozada Morales vs C.N.A. de Seguros la Previsora

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de un recurso de casación interpuesto por el demandante, decidió casar de oficio la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, que había declarado sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato de seguro. La Sala argumentó que se habían vulnerado los derechos de defensa y debido proceso al tramitar la demanda por un procedimiento inadecuado, lo que llevó a la nulidad del fallo. En consecuencia, se ordenó la reposición de la causa al estado de que la demanda sea admitida y decidida conforme al procedimiento ordinario.

La doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento. El principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, caracterizan el procedimiento civil ordinario y, en consecuencia, no es convencional; por el contrario, su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez. Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que “...no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A.). En este orden de ideas, la Sala ha señalado que las normas en que está interesado el orden público, son aquellas que exigen una observancia incondicional y no son derogables por disposición privada. Asimismo, ha establecido que “...la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y de las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio...”. (Sentencia de fecha 22 de octubre de 1999, caso: Ciudad Industrial La Yaguara contra Banco Nacional de Descuento).

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 14 de agosto de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en Valencia. En consecuencia, REPONE la causa al estado de que la demanda de cumplimiento de contrato de seguros sea admitida, sustanciada y decidida, con arreglo al procedimiento ordinario.