Sentencia N° 372 Casación Civil TSJ 2000: Nelson Alberto Angulo vs Carlos Alberto Peña Casas — Recurso de casación en…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por el demandante, NELSON ALBERTO ANGULO, contra una sentencia del Juzgado Superior Segundo que declaró sin lugar la demanda por indemnización de daños derivados de un accidente de tránsito. La Sala analizó la denuncia de infracción de ley presentada por el recurrente, quien alegó error de interpretación y aplicación de normas no vigentes en la sentencia impugnada. La Sala concluyó que la denuncia no cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, ya que la argumentación del recurrente era confusa y vaga, lo que no permitía evidenciar la supuesta infracción de la ley. Por lo tanto, se declaró perecido el recurso de casación, imponiendo las costas al recurrente conforme a la normativa aplicable. Finalmente, se ordenó la publicación y remisión del expediente al tribunal de origen, reafirmando la importancia de la correcta fundamentación en los recursos de casación.

Es constante y copiosa la doctrina de esta Sala referida a la correcta fundamentación que debe reflejar el escrito de formalización, pues sólo de esa manera este Máximo Tribunal podrá, al analizarlo, determinar si realmente la sentencia contra la cual se recurre adolece de los vicios que se le endilgan; sobre este asunto, la Sala en sentencia de fecha 8 de diciembre de 1999, ratificada recientemente en fallo N° 261, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, de fecha 3 de agosto de 2000, caso INTERCON FINANCIAL BANK NV contra PESQUERA AUSTRAL S.A., expediente 99-932, expresó: “...La formalización del recurso, como se ha establecido en numerosos fallos, es carga procesal que la ley impone al recurrente, según lo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido ha sido jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala, acogida por el legislador en la norma antes señalada, que el recurrente debe, además de indicar la sentencia contra la cual se recurre, y de expresar el motivo de casación en que se sustenta cada denuncia, citar el artículo o los artículos que se pretenden infringidos; especificar y razonar los fundamentos de la denuncia, explicando cuándo, dónde y cómo fueron violados dichos artículos, y mencionar los argumentos de la recurrida que se consideran violatorios de la disposición denunciada, todo ello con la finalidad de demostrar a los jueces del Alto Tribunal la contradicción existente entre la voluntad abstracta de ley y la conducta concreta del juez expresada en la sentencia impugnada....” También cabe ratificar que, en el caso de “...una denuncia de error de interpretación en cuanto al contenido y alcance de una disposición legal, tal explicación debe incluir la exposición de la interpretación realizada por la recurrida y la explicación relativa a la interpretación que el formalizante considera es la adecuada a la norma de que se trate, sin lo cual no puede considerarse demostrada la aplicación errónea...” (Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 66, de fecha 8 de marzo de 1995, caso Gloria Margarita Ortiz Balán contra Olga Josefina Álvarez Martínez, expediente 93-682). Ahora bien, analizada la presente denuncia, a la luz de los criterios jurisprudenciales invocados, la Sala advierte que el recurrente hace una serie de señalamientos imprecisos, los cuales no permiten evidenciar que ciertamente, la sentencia impugnada haya infringido el dispositivo legal en que basa su alegato. Es confusa y vaga la argumentación utilizada por el formalizante, convirtiendo la carga de fundamentar sus alegatos de error de interpretación de norma jurídica, falsa aplicación de norma jurídica y aplicación de norma no vigente, en simples narraciones con las cuales no se concreta en qué y cómo se materializó esa errónea interpretación que acusa del juez recurrido; menos se señala cómo operó la falsa aplicación endilgada. Tampoco aparece claro del escrito cuál es la norma que se dice que se aplicó sin vigencia y el porqué, esa supuesta norma, esta fuera de vigencia. Con base en las anteriores consideraciones, es necesario concluir que la presente denuncia no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, y, por tanto, al ser ésta la única denuncia hecha, de conformidad con el artículo 325 eiusdem, se debe considerar el recurso de casación aquí estudiado, perecido, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia.

En fuerza de los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación ejercido contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de fecha 17 de mayo de 2000. Se le impone las costas del recurso al recurrente, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la precitada Circunscripción Judicial. Particípese esta decisión al Juzgado Superior de origen.