Sentencia N° 361 Casación Civil TSJ 2000: Desgerminadora Protinal C.A. vs Arrocera Tibisay C.A., Jesús Landaeta…

TSJ/SCC, Sent. N° 361, Exp. 00-384, 15/11/2000 · 15 de noviembre de 2000
Expediente00-384
Parte actora / solicitanteDESGERMINADORA PROTINAL C.A.
Parte demandada / contraparteARROCERA TIBISAY C.A., JESÚS LANDAETA BELTRAN, GLADYS ESCALONA DE LANDAETA, ANÍBAL HERNÁNDEZ, LUIS LANDAETA, ESMERALDA PAZ DE HERNÁNDEZ, MARTHA DUDEMAL DE LANDAETA
PonenteFRANKLIN ARRIECHE G
MateriaCivil
Tipo de recursoCasacion Civil
Fecha de la decisión2000-11-15
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G, dictó una sentencia en la que se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la decisión del Juzgado Superior que había confirmado la sentencia de primera instancia. La Sala observó que el fallo recurrido no contenía la determinación de los puntos que debían servir de base a los expertos para la realización de una experticia complementaria, lo que generaba indeterminación en la condena y violaba el principio del debido proceso. La Sala enfatizó que la experticia complementaria debe ser un acto que complemente la decisión judicial y que debe estar debidamente fundamentada en la sentencia, estableciendo los parámetros claros para los expertos. Al no hacerlo, se infringieron disposiciones del Código de Procedimiento Civil, lo que llevó a la Sala a ordenar la reposición de la causa al estado de que el juez superior dicte un nuevo pronunciamiento sin incurrir en las infracciones señaladas. Finalmente, se destaca la importancia de que las sentencias sean claras y precisas en sus fundamentos, para evitar que se delegue en los expertos la función jurisdiccional, garantizando así el respeto al debido proceso y la correcta aplicación de la justicia.

Extracto de la motiva

La Sala de Casación Civil tiene la prerrogativa de extender su examen al fondo del litigio, sin formalismos, cuando, a motu proprio, detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional. Esta atribución puede ser ejercida por la Sala con la finalidad de materializar la correcta aplicación de la justicia, habida cuenta que el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil señala que 'Cuando la ley dice: 'el Juez o Tribunal puede o podrá', se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la imparcialidad'. En virtud de lo anterior, pasa esta Sala a conocer del recurso de casación presentado y en tal sentido observa lo siguiente: En el caso de autos la Sala observa que en fecha 23 de noviembre de 1998 las partes llegaron a un convenimiento, en el cual se expresa lo siguiente: 'Yo, Luis León Domínguez, ... como apoderado judicial de la empresa ARROCERA TIBISAY C.A.,..., acudo ante su competente autoridad y expongo: La obligación demandada en la presente causa es cierta, líquida, exigible, se encuentra de plazo vencido, motivo por el cual convengo en cancelarle lo adeudado al ciudadano Bruno Venturi Barachini como acreedor demandante por la cesión de derechos litigiosos que se le hizo. En consecuencia, pido al Tribunal, para poner fin al juicio, ordene practicar una experticia complementaria a los fines de determinar el monto a cancelar hasta la presente fecha'. Asimismo, en fecha 25 de septiembre de 1998, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en Calabozo, dictó el auto de homologación del convenimiento de las partes, el cual expresa: 'Visto el convenimiento presentado por la parte demandada en escrito de fecha 23-11-1998, por cuanto tal actuación no es contraria a derecho y versa sobre derechos disponibles, éste Tribunal de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su HOMOLOGACIÓN, se da por consumado el acto y se procede como sentencia pasada en Autoridad de Cosa Juzgada. Se da por terminado el presente proceso'. Posteriormente, en fecha 7 de enero de 1999, el a-quo fija un plazo de cinco (5) días para que la parte demandada efectúe el cumplimiento voluntario, luego en fecha 29 de enero de 1999 el a-quo, dicta un auto en el cual ordena se practique una experticia complementaria del fallo, donde expone lo siguiente: 'Vista la diligencia de fecha 26 de enero de 1999, suscrita por el abogado JOSE RAMÓN RENGIFO, en su carácter de autos, mediante la cual solicita se fije la oportunidad para el nombramiento de expertos, a fin de practicar experticia complementaria. Se acuerda de conformidad, en consecuencia se fija el segundo (2do) día de despacho siguiente a las 10:00 de la mañana, para tenga (sic) lugar el acto de nombramiento de experto'. Por diligencia de fecha 30 de abril de 1999, la parte demandada apeló del auto de fecha 29 de abril del mismo año, en la que el a-quo considera ajustado a derecho el informe presentado por los expertos. En fecha 13 de mayo de 2000, la parte demandada introduce los informes ante el Superior, en el que expone: '...El día de la aceptación y juramentación el juez de la Causa (folio 50 de la 2ª pieza) se limitó a consultar a dichos expertos sobre el tiempo requerido para desempeñar el cargo y a fijarles un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente. En ningún momento les informó en qué consistían los puntos que le servirán de base para la realización de su trabajo, la suma que debía ser indexada, las fechas que debería abarcar la indexación, en definitiva, no les señaló ningún parámetro. Dichos expertos actuaron en su leal saber y entender y, como era de imaginarse, se fundamentaron el (sic) parámetros erróneos por lo cual el resultado fue errado. No se puede olvidar que la experticia complementaria constituye en definitiva con la sentencia un solo acto de procedimiento, pues su finalidad es complementar la decisión integrándose como una parte más...'

Dispositiva

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CASA DE OFICIO el fallo recurrido. En consecuencia, se ordena REPONER la causa al estado de que el juez superior que resulte competente dicte nuevo pronunciamiento sin incurrir en las infracciones señaladas. Publíquese y regístrese. Bájese el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. San Juan de los Morros.

Palabras clave

casaciónconvenimientoexperticiadebido procesoCódigo de Procedimiento Civilindemnizacióndaños y perjuicioshomologación

Leyes que cita esta sentencia

Más sentencias

Todas las sentencias de la Sala de Casación Civil de 2000 · La Sala de Casación Civil por año · Índice por sala y año

¿Necesitas analizar esta sentencia o encontrar otras parecidas?
El asistente de IA de IAJURISS responde citando la ley y la sentencia exacta, con enlace al documento original.
Preguntar a la IA gratis → Ver el PDF oficial Explorar la Biblioteca