Sentencia N° 360 Casación Civil TSJ 2001: Sociedad Mercantil FIVENEZ COMPUTACIÓN Y… vs ANTONIO PONTE MELLIOR y RUBEN MACHAEN LANZ

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por la Sociedad Mercantil FIVENEZ COMPUTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. contra una sentencia que confirmaba un auto de embargo de salarios. La Sala determinó que la interpretación realizada por el tribunal inferior sobre el artículo 598 del Código de Procedimiento Civil era errónea, ya que se debía permitir el embargo de hasta dos tercios de los salarios que excedan el doble del salario mínimo, garantizando así la subsistencia del embargado. Finalmente, se declaró sin lugar el recurso de casación, confirmando la decisión del tribunal inferior.

La norma procesal para su aplicación e interpretación, debe ser investigada en sus fines más remotos, como son las máximas, aforismos y preceptos que la nutren, para su aplicación limitada progresiva. En la interpretación progresiva la misma se adecua al interés social que el legislador oteó en el momento de su promulgación, avizorando en la plenitud hermética del derecho, una limitada aplicación progresiva al cambio social. Por eso al aplicar al hecho específico real constitutivo del elemento material del acto jurisdiccional, complementariamente el artículo 598 del Código de Procedimiento Civil, se advierte el interés social de la misma en proteger el salario como medio de subsistencia de la persona, al establecer una escala de retención que no menoscabe la subsistencia del individuo y su familia en su crecimiento socio económico para la preservación de sus valores fundamentales. En el presente caso entonces, la recurrida aplicó correctamente el desarrollo gradual de la norma 598 en sus respectivos ordinales del Código de Procedimiento Civil, al excluir de acuerdo al ordinal primero, el salario mínimo, por ser inembargable; al establecer por ministerio del ordinal segundo, la retención de la quinta parte en la proporción que excede hasta el doble del salario mínimo; y la de retener según el ordinal tercero, hasta la tercera parte de la porción que exceda del doble del salario mínimo nacional obligatorio. Eso significa que el recurrente mal interpretó el articulo 598 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal tercero, al pretender que pueden embargarse por encima del doble del salario mínimo, dos tercios (2/3) de dichas remuneraciones hasta dejar un remanente de un tercio (1/3) en poder del embargado. La idea social del legislador es todo lo contrario; de modo tal que en la interpretación progresiva de los cambios impuestos por la dialéctica social, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 91 establece operativamente la inembargabilidad del salario, como garantía constitucional directa. Solo que por tratarse de hechos cumplidos con la anterior Constitución, son inmodificables y no puede aplicarse la nueva Carta Magna. Sin embargo, al revisar la decisión sobre las cantidades retenidas y por las cuales se ordena devolver Bs. 5.500.000.oo, encuentra esta Sala que, que como advierte la recurrida, existe error material en el monto total a devolver. Pero que en virtud de la reformatio in peius, que debe enunciarse como la non reformatio in peius, el Juez Superior no puede empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil FIVENEZ COMPUTACION Y SERVICIOS, S.A., contra la sentencia de fecha 1 de marzo de 1999 proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se condena a la sociedad mercantil FIVENEZ COMPUTACION Y SERVICIOS S.A. en las costas, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado.