Sentencia N° 356 Casación Civil TSJ 2001: Gustavo Nahmens Bravo vs Enrique Lizarraga y Compañía, C.A. — Nulidad de asamblea

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 8 de noviembre de 2001, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la sociedad ENRIQUE LIZARRAGA Y COMPAÑÍA, C.A. contra la sentencia del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que había ratificado la medida cautelar solicitada por el demandante, GUSTAVO NAHMENS BRAVO. La Sala consideró que la recurrida no incurrió en incongruencia negativa al no pronunciarse sobre alegatos que no eran pertinentes a la decisión del caso. La Sala fundamentó su decisión en la normativa del Código de Procedimiento Civil, señalando que el juez debe atenerse a lo alegado y que la medida cautelar innominada decretada no vulneraba los derechos de la empresa demandada. Se concluyó que el nombramiento de un administrador ad hoc no afectaba el normal funcionamiento de la empresa, y que las alegaciones de la parte demandada no demostraron la improcedencia de la medida cautelar. Finalmente, se condenó en costas a la sociedad demandada, reafirmando la validez de la decisión del tribunal inferior y la legalidad de las medidas cautelares adoptadas en el proceso de nulidad de asamblea.

El recurrente alega que la sentencia del Juzgado Superior incurre en el vicio de incongruencia negativa previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al no atender el supuesto alegato formulado en el escrito de oposición a la medida preventiva decretada y en los informes ante la alzada sobre la prohibición que tienen los jueces de dictar medidas innominadas en forma genéricas en los procesos de nulidad de asamblea, por lo que, no decidió de manera expresa, positiva y precisa. La regla del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, contiene el principio doctrinario de la “exhaustividad”, que obliga al juez a considerar y resolver todas y cada una de las alegaciones de las partes que viene a constituir el problema judicial debatido que el juez debe resolver, cuya infracción, conduce a una omisión de pronunciamiento. En este sentido, el no pronunciamiento por parte del juez sobre aquellos elementos de hecho que conforman el thema decidedum, configura el vicio denominado “incongruencia negativa”. En el sub-iudice, el demandado alegó, en su escrito de oposición, que riela a los folios 24 y 27 de los que conforman este expediente, lo siguiente: “...Ciudadano Juez, la medida innominda decretada por su Tribunal afecta y lesiona de manera ostensible el giro económico de la empresa, ya que impide el curso normal de las relaciones que allí se desarrolla...”.

En fuerza de los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación propuesto contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 11 de noviembre de 1999. De conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la sociedad que se distingue con la denominación mercantil ENRIQUE LIZARRAGA Y COMPAÑÍA, C.A.