Sentencia N° 353 Casación Civil TSJ 2001: NANCY COROMOTO PETIT SALAZAR y ARGENIS… vs JOSE LUIS OROPEZA y ADRIATICA DE SEGUROS…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por los demandantes en un juicio por daños derivados de un accidente de tránsito. La sentencia del Juzgado Superior había declarado sin lugar la apelación y confirmado el fallo apelado. La Sala analizó las denuncias de infracción de normas procesales, concluyendo que no hubo violación de los artículos del Código de Procedimiento Civil citados por los recurrentes, ya que la prescripción de la acción fue debidamente alegada y analizada por el tribunal inferior.

La prescripción es una institución mediante la cual se adquiere un derecho o se liberta de una obligación, por el transcurso del tiempo y las condiciones determinadas en la ley. Nuestro Código Civil establece la prohibición del juez de suplir de oficio la prescripción no opuesta, cuando en su artículo 1.956 establece, “El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta”. Esto dicho significa que, el juez como rector del proceso, debe verificar el hecho originario de la prescripción, siempre y cuando ésta haya sido alegada u opuesta por el demandado, caso contrario, existe la prohibición expresa de la ley, plasmada en el citado artículo 1.956 ejusdem. En virtud de los principios iura novit curia y exhaustividad, dado que estamos frente a un problema de pleno derecho, alegada por los demandados la prescripción de la acción, el juez, con los elementos cursantes a los autos, determinará si realmente ha operado o no la misma.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandante, contra la sentencia dictada en fecha 24 de febrero de 1999, por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara. De conformidad con lo establecido en los artículos 281 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso.