Sentencia N° 352 Casación Civil TSJ 2001: Leobardo Subero Rodríguez vs Olga Isabel Robaina de González — Recurso de casación en…
TSJ/SCC, Sent. N° 352, Exp. 00-912, 08/11/2001 · 8 de noviembre de 2001
Expediente00-912
Parte actora / solicitanteLEOBARDO SUBERO RODRÍGUEZ
Parte demandada / contraparteOLGA ISABEL ROBAINA DE GONZÁLEZ
PonenteCARLOS OBERTO VÉLEZ
MateriaCivil
Tipo de recursoCasacion Civil
Fecha de la decisión2001-11-08
DecisiónSin Lugar
Resumen
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. La Sala declaró sin lugar el recurso, argumentando que el formalizante no cumplió con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil para la formalización del recurso de casación, específicamente en cuanto a la claridad y precisión de las denuncias realizadas.
La Sala observó que el juez de la recurrida sí motivó su sentencia, lo que desvirtuó la alegación de inmotivación presentada por el recurrente. Además, se destacó que la falta de técnica en la formalización del recurso llevó a su desestimación, ya que no se indicaron adecuadamente los quebrantamientos u omisiones que se denunciaban.
Finalmente, se condenó al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, en virtud de lo establecido en los artículos pertinentes del Código de Procedimiento Civil.
Extracto de la motiva
La determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, así como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones. A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él se persigue corregir ilegalidades enfrentando el fallo a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Además de imponer al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la ley que realmente deben resolver la controversia planteada.
Dispositiva
En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada en fecha 26 de julio de 2000, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De conformidad con lo establecido en los artículos 281 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso.
Palabras clave
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