Sentencia N° 334 Casación Civil TSJ 2000: Miguel Arturo Ache vs Astrid Estopiñan González — Recurso de casación

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el demandante, Miguel Arturo Ache, contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. La sentencia recurrida había declarado inadmisible la demanda y anulado las actuaciones del proceso, condenando al demandante al pago de costas procesales. La Sala fundamenta su decisión en la falta de adecuación técnica del recurso presentado, señalando que el formalizante no logró demostrar las infracciones alegadas en relación con los artículos del Código de Procedimiento Civil. Se concluye que la denuncia de infracción de normas no se ajusta a los requisitos establecidos, lo que lleva a la improcedencia del recurso. Finalmente, se ordena el pago de las costas del recurso a la recurrente, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, y se remite el expediente al tribunal de origen para su conocimiento.

Ciertamente, el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, esta referido a los casos en los cuales procede la declaratoria con lugar del recurso de casación, por existir en el proceso quebrantamientos u omisiones de las formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa. En el sub iudice, el formalizante pretende delatar tal posibilidad normativa; sin embargo, considera la Sala, que su técnica no es adecuada para tales planteamientos, toda vez que aduce la infracción del artículo 252 eiusdem, por parte del a quo, e igualmente acusa del ad quem la infracción del artículo 208 del mismo Código, pero no logra conciliar, si su acusación está volcada a la violación del derecho a la defensa, lo cual pudiera ser acorde a las previsiones de la norma y el ordinal sobre la cual apoya la denuncia, de ser así, ha debido denunciar el precepto del artículo 15 del precitado Código y no lo hizo, el cual es necesario para acusar al respecto, tanto al ad quem como al a quo; por otra parte, de pretender la no aplicación, por parte del ad quem, del artículo 830 eiusdem, su apoyo no se corresponde al legalmente establecido para su denuncia. Si bien es cierto, aun cuando los criterios flexibilizantes que ha venido sosteniendo esta Sala con fundamento en la Constitución Bolivariana, estén encaminados a procurar no entorpecer la justicia con dilaciones indebidas y formalismos extremos, no es menos cierto que, no pueden obviarse, los requisitos mínimos que debe contener la formalización en su conformación, ello en razón a que el erradicar por completo las condiciones mínimas y legales del recurso, podría conllevar a extremar irracionalmente las funciones de esta Jurisdicción, teniendo que suplir indebidamente la omisión y el incumplimiento en las cargas u obligaciones de los profesionales del derecho, quienes deben mantener el ritmo y la dinámica de su ejercicio, enervando la ignorancia para encaminar su ejercicio a la mejor diligencia de su efectiva labor. De lo anterior no queda sino concluir, que dada la deficiente técnica empleada por el denunciante, la misma debe ser declarada improcedente, y por vía de consecuencia sin lugar las infracciones de los artículos precitados. Así se resuelve.

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 6 de agosto de 1999. Se condena al pago de las costas del recurso a la recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el alcance del artículo 320 eiusdem.