Sentencia N° 332 Casación Civil TSJ 2000: Juan Bautista Farias vs Carlos Clerico — Casación Civil en querella interdictal de…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por Juan Bautista Farias contra la sentencia del Juzgado Superior que declaró sin lugar su querella interdictal de amparo. La parte recurrente alegó infracciones a varios artículos del Código de Procedimiento Civil, argumentando que la sentencia menoscabó su derecho a la defensa y no motivó adecuadamente sus denuncias. La Sala, tras analizar las denuncias, determinó que el recurrente no cumplió con los requisitos necesarios para la formalización de su recurso, desechando las infracciones alegadas. En consecuencia, se declaró sin lugar el recurso de casación, confirmando la decisión del Juzgado Superior y condenando en costas al recurrente. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de la causa, cumpliendo con las formalidades legales establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

La Sala observa: El recurrente arguye que la sentencia recurrida menoscabó su derecho a la defensa, infringiendo los artículos 12, 13, 15, 17 y 23 todos del Código de Procedimiento Civil, sin motivar adecuadamente sus denuncias. Ahora bien, en numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga corresponde al recurrente, bajo la pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido, por no expresar las razones que demuestren los vicios invocados. En el caso de autos, el recurrente para denunciar el menoscabo al derecho a la defensa, tomó como base legal los artículos 12, 13, 15, 17 y 23 todos del Código de Procedimiento Civil; al respecto la Sala observa lo siguiente: En cuanto al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, este puede ser objeto de denuncia, pero en concordancia con el artículo 243 ordinal 5º, pues ésta es una norma de contenido general que gobierna y disciplina la conducta de los jueces cuando van a emitir sus fallos, que evidentemente resulta quebrantada si el sentenciador no se atiene a lo alegado y probado en autos o saca elementos de convicción fuera de ellos, o suple excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. También es posible denunciar el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil aisladamente, sólo en los casos de falsa suposición, cuando se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos, o cuando se cometa en relación con el establecimiento o invocación de una máxima de experiencia, ya que en ambas situaciones no existe norma de valoración en la cual pueda apoyar su denuncia, pues contiene principios fundamentales del proceso que resultan vulnerados cuando el juez incurre en una falsa suposición. En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos se desecha esta denuncia.- En relación con la denuncia del artículo 13 del Código de Procedimiento Civil, el autor Ricardo E. La Roche considera que el mismo está referido a una jurisdicción de equidad, en la que se exime al juez de atenerse al principio de legalidad que consagra el artículo 12 ibídem, pues esta clase de jurisdicción consiste en que el juez, para crear los condicionamientos concretos que le den significación jurídica a la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso, no tienen que pasearse en otros condicionamientos superiores, generales y abstractos contenidos en normas previamente creadas por el legislador, sino que debe basarse en su conciencia o, como se dice, en su sentimiento de equidad. En el caso de autos se observa que el mismo no es llevado por una jurisdicción de equidad, a través de árbitros o arbitradores, tal como lo dispone artículo 618 del Código de Procedimiento Civil, cuyo objetivo es administrar justicia, aplicando como fundamento de la decisión del juzgador, criterios establecidos en la conciencia del hombre común; sino que por el contrario, es un juicio que está plenamente apegado al principio de legalidad, motivo por el cual no tiene por qué aplicarse el artículo 13 del Código de Procedimiento Civil, pues de ser así, esta sentencia no tendría el recurso extraordinario de casación, de acuerdo con el criterio de la Sala establecido en sentencia de fecha 10 de junio de 1999, (Nancy de Alemán César García Camperos). En consecuencia, se declara improcedente esta denuncia.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por la parte actora, contra la sentencia de fecha 6 de abril de 2000, dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques. Se condena en costas al recurrente de conformidad con los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Remítase este expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.