Sentencia N° 315 Casación Civil TSJ 2000: JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ MOLINA, LUZ MORAIMA… vs Edgar Antonio Ramírez Delgado

En esta sentencia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre un recurso de casación interpuesto por el demandado contra una decisión del Juzgado Superior que declaró inadmisible el derecho de apelación. La Sala destaca la importancia de la técnica de formalización del recurso de casación, enfatizando que debe ser clara y precisa, y que las denuncias de infracción deben estar debidamente fundamentadas. A pesar de las irregularidades en la formalización del recurso, la Sala concluye que no se evidencian quebrantamientos al debido proceso ni al orden público que justifiquen la admisión del recurso.

Considera necesario la Sala, luego de haber dado detenida lectura al escrito que contiene la “formalización” bajo estudio, puntualizar la doctrina reiterada acerca de la debida técnica a utilizar para la configuración de las denuncias por infracciones, de forma o fondo, que puedan cometer los jueces en la elaboración de sus decisiones. Al respecto, “... La doctrina reiterada de la Sala tiene establecido que la formalización del recurso de casación, es la carga más exigente impuesta al recurrente, porque aquélla se estima como una demanda de nulidad que se interpone contra una sentencia que se considera infractora de la Ley. Este escrito recursorio debe ser redactado en términos claros y precisos, de fácil comprensión para el intérprete. En él deben explanarse individualmente las denuncias de infracción, cumpliendo la siguiente estructura: a)Cita de la causal o motivo del recurso, de conformidad con los supuestos consagrados en los dos ordinales del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. b)Cita de los preceptos formales o sustantivos infringidos en al sentencia. c)Razonamiento o motivación que explique la infracción legal....” (Pierre Tapia, Oscar R., Repertorio Mensual de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tomo 6, pág. 548 y 549, año 1999. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 17 de junio de 1999). Igualmente, se ha dejado asentado, que: “...lo indispensable dentro de una adecuada técnica de formalización, es la fundamentación clara de lo denunciado, para así evidenciar en forma precisa dónde se localiza el vicio que se delata, sin que baste para ello la transcripción de la recurrida y la denuncia de que no se ajusta al precepto normativo, ya que es carga del recurrente indicar y exponer los motivos del vicio que pretende sea declarado. Así ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Civil, entre otras en sentencia de fecha 15 de julio de 1998 en el juicio de Francisca Mireya Cleman contra Agustín Hernández Subero, lo siguiente: ‘Desde la promulgación del nuevo Código procesal, éste impone una técnica clara y precisa para la formalización del recurso y que si ella no se cumple se declarará perecido el recurso. Esta técnica exige entre otros, la determinación de los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; la denuncia de haberse incurrido en algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación, aplicación errónea ...’”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 27 de enero de 1999). Asimismo que, “...La jurisprudencia de esta Sala ha sido constante en el sentido de desechar la formalización que mezcla denuncias por defectos de actividad con denuncias por infracción de ley, pues tal modo de formalizar está reñido con la más elemental de las reglas que deben observarse en la preparación del recurso de casación, cual es distinguir entre un tipo de infracción y otro....” Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 22 de abril de 1999. (Negritas, cursivas y subrayado de la Sala)

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PERECIDO el recurso de casación, anunciado y formalizado por el demandado, contra la decisión de fecha 10 de febrero de 1999, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Se condena en costas al recurrente de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 eiusdem. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y particípese de dicha remisión al citado Juzgado Superior.