Sentencia N° 304 Casación Civil TSJ 2001: TRINA BLANCO DE RAMOS e INGRID RAMOS DE… vs Miguel Angel Hernández Abreu

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que había declarado con lugar la demanda de reivindicación. La Sala argumenta que las denuncias de infracción de normas procesales no se sustentan adecuadamente, ya que el silencio de pruebas no constituye un defecto de actividad, sino un error de juzgamiento. Se reitera la doctrina sobre la necesidad de que el juez analice todas las pruebas presentadas en el proceso.

La Sala para decidir observa: Sobre este particular, la Sala ha expresado que el silencio de pruebas constituye un error de juzgamiento y no defecto de actividad. Este criterio fue sentado en sentencia de fecha 21 de junio de 2000, caso Farvenca Acarigua C.A. c/ Farmacia Claely, en la cual estableció que el criterio abandonado permitía reposiciones inútiles, pues bastaba que se observare el silencio total o parcial con relación a determinada prueba para que se produjera la demolición del fallo recurrido, con la consecuente reposición al estado de dictar nueva sentencia, independientemente de la importancia o banalidad de la prueba silenciada en el dispositivo del fallo fulminado de nulidad, lo cual resultaba contrario a los preceptos consagrados en los artículos 257 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ordenan la simplificación y eficacia de los trámites de procedimiento, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles. Con ese razonamiento, la Sala dejó sentado que es “...conveniente fijar un nuevo criterio sobre la denuncia en casación del vicio por silencio de pruebas, de forma y manera que permita establecer si las pruebas aportadas al juicio y silenciadas por el juzgador, tienen el sentido y alcance que en realidad le corresponden para la fijación del hecho controvertido...”. En consecuencia, estableció que “...en aras de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones constitucionales indicadas, y conforme con la ley procesal civil, la Sala sólo podrá tener conocimiento de estos extremos si la denuncia se encuadra en un recurso por infracción de ley; recurso en el cual el formalizante satisfaga las exigencias del artículo 313, ordinal 2º, único aparte del Código de Procedimiento Civil...”. Posteriormente, la Sala complementó su doctrina con objeto de señalar que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil ordena al juez para establecer los hechos, examinar toda cuanta prueba se haya incorporado en el proceso, por lo que constituye una regla de establecimiento de los hechos, cuya infracción constituye uno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 320 eiusdem, que debe denunciarse al amparo del recurso de casación por infracción de ley previsto en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem. Asimismo, la Sala estableció que por constituir un error de juzgamiento, el recurso de casación sólo procede si la infracción es determinante en el dispositivo del fallo, lo que en relación con el silencio de prueba tiene que ver con la eficacia de la misma, pues si el medio probatorio es ineficaz por alguna razón de derecho, la denuncia deberá ser declarada improcedente. (Sentencia de fecha 05-04-2001; caso: Eudocia Rojas c/ Pacca Cumanacoa). La Sala reitera estos precedentes jurisprudenciales y establece que el silencio de pruebas constituye un error de juzgamiento y no defecto de actividad. En consecuencia, desestima la denuncia de infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4º y 509 del Código de Procedimiento Civil, por inadecuada fundamentación. Así se establece.

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 02 de marzo de 2001, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena en costas al recurrente. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.