Sentencia N° 289 Casación Civil TSJ 2000: Lisbeth Romero Boada vs EDUARDO DE JESÚS MANRIQUE DÍAZ, RAFAEL BURGOS…

TSJ/SCC, Sent. N° 289, Exp. 99-685, 10/08/2000 · 10 de agosto de 2000
Expediente99-685
Parte actora / solicitanteLISBETH ROMERO BOADA
Parte demandada / contraparteEDUARDO DE JESÚS MANRIQUE DÍAZ, RAFAEL BURGOS y ANA JIMÉNEZ BURGOS
PonenteANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
MateriaCivil
Tipo de recursoCasacion Civil
Fecha de la decisión2000-08-10
DecisiónPERECIDO

Resumen

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por la parte actora contra una sentencia del Juzgado Superior que declaró sin lugar la demanda de nulidad de oferta de venta. La Sala exhortó a la recurrente a mejorar la técnica de presentación de sus escritos, dado que el recurso de casación es una demanda de nulidad que requiere formalidad en su redacción. En el análisis del recurso, la Sala determinó que la parte recurrente no fundamentó adecuadamente las violaciones alegadas a los artículos del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil, lo que evidenció una deficiente técnica casacional. Por lo tanto, se decidió declarar perecido el recurso de casación, condenando en costas a la parte recurrente. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

Extracto de la motiva

La doctrina pacífica y reiterada de esta Sala impone al formalizante la obligación de expresar en forma clara y precisa, las razones por las cuales considera que fueron violadas las normas que denuncia como infringidas. En este orden de ideas, es oportuno señalar que el escrito de formalización constituye una demanda de nulidad contra la sentencia que se considera infractora de la ley y, en consecuencia, su redacción está sujeta a cánones que deben ser observados por quienes pretenden recurrir ante este Tribunal Supremo. Al respecto, esta Sala en sentencia de fecha 18 de marzo de 1999, (Felix Romero y otros, c/ Fundación para la Transferencia del Aseo Urbano y Domiciliario del Area Metropolitana de Caracas), estableció el siguiente criterio, que hoy se reitera: “...Si los artículos denunciados son distintos unos de otros, debe establecerse la vinculación indispensable entre los hechos y el precepto que se dice infringido. Este vínculo debe ser objetivamente ofrecido por el recurrente, ya que no es misión de la Corte establecer esta conexión, ni puede suplirla en ningún caso. Es indispensable que el formalizante fundamente cada denuncia de infracción en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, señalando cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación alegada. De tal modo pues, que no basta citar en el escrito de formalización las disposiciones legales presuntamente infringidas, sino que resulta indispensable relacionar las mismas con las denuncias de infracción que se pretenden atribuir a la recurrida, pues es principio de técnica en la formalización el que toda denuncia debe ser individualizada con la cita del correspondiente precepto legal infringido y el razonamiento que explica y fundamenta la denuncia.

Dispositiva

En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado y formalizado por la actora, contra la sentencia dictada en fecha 13 de agosto de 1998, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz. Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Palabras clave

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