Sentencia N° 269 Casación Civil TSJ 2000: Antonio Ramón Avila vs La Venezolana de Seguros, C.A. — Cumplimiento de contrato de…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la demandada, LA VENEZOLANA DE SEGUROS, C.A., contra la sentencia del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. Se argumenta que la sentencia recurrida no cumplió con el requisito de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia, lo que constituye un vicio procesal. La Sala determina que la falta de síntesis en la decisión afecta el derecho de defensa y la verdad procesal, por lo que se anula la sentencia recurrida y se ordena que el Tribunal Superior competente dicte una nueva sentencia corrigiendo el vicio señalado.

El ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, prevé: 'Toda sentencia debe contener: ...Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que consta de autos'. La doctrina y la jurisprudencia de la Sala han venido exponiendo sus criterios en relación con la disposición legal sometida a consideración. Una de la mas acertadas, es la del profesor Leopoldo Márquez Añez, cuando en su obra 'El Nuevo Código de Procedimiento Civil', expresa: '...Tal objetivo reside en la necesidad de que el pronunciamiento del juez defina los términos del problema judicial que se dirige a resolver, de modo que la exigencia explícita de este requisito en el nuevo Código, subsana una manifiesta laguna legislativa de toda la legislación procesal anterior en Venezuela, la cual ha sido oportuna y cabalmente llenada por la doctrina de nuestra casación. En efecto, no obstante no existir en nuestro Código de Procedimiento Civil alguna norma que exigiera por parte del Juez la determinación del problema judicial debatido entre las partes, y objeto de la sentencia, nuestro Alto Tribunal elaboró toda una jurisprudencia sobre el particular que arrojó una apropiada luz sobre el referido vació legislativo. En la casación venezolana existe una larga tradición sobre lo que debe entenderse por problema judicial, como tema y objeto de la sentencia. En efecto, una vieja decisión de 16 de julio de 1915 dio la siguiente definición de este concepto: '...el problema jurídico sometido a la decisión de los jueces queda circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación, por lo cual sólo pueden resolver las cuestiones que hayan sido presentadas en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados'. Con estas expresiones, la casación resumió los límites de los poderes del juez en la decisión, condensados en la máxima sententia debet esse conformis libello, y erigió en tesis del más alto nivel de jurisprudencial lo que enseñaba la doctrina procesal más tradicional.

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 8 de noviembre de 1999. En consecuencia, se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE REPONE la causa al estado de que el Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido. Queda de esta manera CASADA la sentencia recurrida.